(NOTI-RIO) El Ministerio Público Fiscal solicitó esta mañana que se tengan por formulados los cargos contra el intendente de Allen, Marcelo Román, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado.
En simultáneo, imputó al empresario de medios Sebastián Ocampo como partícipe necesario del mismo hecho. La audiencia, celebrada ante la jueza de Garantías Natalia González en los Tribunales de General Roca, pasó a cuarto intermedio y continuará el miércoles 17 de junio a las 8 de la mañana.
El eje del caso es un celular Samsung Galaxy A34 comprado con fondos municipales por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo a nombre del municipio, con un abono mensual que llevó el gasto total a 596.812,38 pesos. Según la acusación de las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el intendente habría sustraído ese bien de la esfera pública y se lo habría entregado a Ocampo, quien no es agente municipal ni posee vínculo contractual alguno con el Estado.
La fiscalía sostuvo que con esa entrega Román “quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservar sobre el patrimonio público, permitiendo que un tercero ajeno disponga del recurso como si fuera propio”. En cuanto a Ocampo, los fiscales señalaron que su participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo como en un uso activo: habría impartido órdenes y directivas a empleados del municipio, arrogándose facultades de gestión sin ningún nombramiento oficial.
La calificación legal para Román es la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado en concurso ideal”, según los artículos 173 inciso 7, 174 inciso 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. Para Ocampo, la figura es la de partícipe necesario de administración fraudulenta, conforme a los artículos 173 inciso 7, 174 inciso 5 y 45 del mismo cuerpo normativo.
El andamiaje probatorio presentado por la fiscalía incluye la denuncia del Tribunal de Cuentas de Allen que originó la causa (presentada el 26 de junio de 2025), el análisis de órdenes de pago secuestradas en el allanamiento al edificio municipal realizado en julio de ese año, facturas y transferencias a la empresa Movistar, copias de comodatos de celulares corporativos, informes de la División Judicial e Investigaciones de San Antonio Oeste y de Allen, y más de 35 entrevistas recabadas en sede fiscal. El informe técnico fue elaborado por el Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro.
La denuncia la presentó el propio Tribunal de Cuentas de Allen en junio de 2025. En julio se realizaron allanamientos en el edificio municipal y en propiedades vinculadas a Ocampo.
Las defensas -Matías Rubio y Fernando Ramoa por Román; Federico Diorio por Ocampo- solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y pidieron que, en cambio, se impute como partícipe necesaria a quien se desempeñó como Secretaria de Hacienda. También requirieron excluir del acervo probatorio el testimonio de esa funcionaria, la documentación entregada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones del celular de esa mujer. El defensor de Román argumentó además que, al momento de la compra, el intendente estaba en Neuquén con su esposa y que registros de cámaras y documentos desmienten su presencia en el lugar.
EL CONTEXTO POLITICO
La causa judicial se inserta en un escenario municipal de alta conflictividad. Román llegó a la intendencia de Allen en diciembre de 2023 de la mano del “gran acuerdo rionegrino” impulsado por Juntos Somos Río Negro y luego se alineó con La Libertad Avanza, partido del que llegó a ser vicepresidente en la provincia -cargo del que renunció en septiembre de 2025 cuando estalló el escándalo judicial.
Román es el único intendente alineado con La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro.
Desde el inicio de su gestión, el municipio de Allen acumuló una larga lista de conflictos institucionales: enfrentamientos con el Concejo Deliberante por competencias impositivas -en los que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló en contra del Ejecutivo municipal-, retenciones de servicio de los gremios SOYEM, ATE y UPCN, una deuda municipal que desde el Concejo estimaron en torno a los 2.000 millones de pesos y que Román desminintió, y una acefalía transitoria cuando el jefe comunal se ausentó a comienzos de año sin designar reemplazante, irregularidad que el Tribunal de Cuentas comunicó al Deliberante.
A ese cuadro se sumó, hace dos semanas, la presentación formal de más de 3.000 firmas de vecinos ante el Concejo Deliberante para activar el mecanismo de revocatoria de mandato, amparado en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal. La iniciativa fue impulsada por la docente jubilada Silvina Susana Cantero, que argumentó negligencia e ineptitud en la prestación de servicios públicos.
En lo que hace específicamente a la causa penal, el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal establece la intervención del Concejo ante una imputación penal contra un funcionario, previo dictamen legal, y habilita una eventual suspensión preventiva del cargo. Si la imputación queda firme —lo que se definirá el 17 de junio—, el Deliberante deberá expedirse sobre ese punto.
