(NOTI-RIO) Después de dos postergaciones y una extensa investigación judicial, este jueves 4 de junio se llevará adelante en Viedma una audiencia que ya es considerada histórica por su magnitud. A partir de las 10 de la mañana, en el Auditorio del Poder Judicial, se formularán cargos contra 128 efectivos de la Policía de Río Negro acusados de haber presentado presuntos certificados médicos falsos para obtener licencias laborales.
Se trata de una causa de alto impacto institucional que lleva meses de demoras y reprogramaciones, en medio de la complejidad que implica la cantidad de personas involucradas y el volumen de pruebas recolectadas.
Una red que se descubrió de a poco
Todo comenzó en junio de 2024, cuando el gobernador Alberto Weretilneck formalizó una denuncia penal contra médicos de Roca y Villa Regina por emitir certificados que serían apócrifos, con el objetivo de que empleados estatales obtuvieran licencias médicas. Una alta fuente del Poder Ejecutivo señaló entonces: “Con esta denuncia se intenta dar un paso importante para combatir la gran cantidad de licencias truchas en distintos organismos del Estado. En el caso de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial, las licencias son exageradas y generan un gran perjuicio.”
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, fue quien detalló el “patrón alarmante” detectado. Señaló que una médica pediatra de Roca certificaba hasta 20 agentes por día, atendidos en su consultorio cuando provenían de localidades tan distantes como Chichinales, Catriel o Los Menucos. El otro profesional denunciado, un psiquiatra de Villa Regina, directamente otorgaba licencias de 30 días de duración.
La investigación derivó rápidamente en allanamientos y secuestros de documentación, celulares y computadoras en los domicilios y consultorios de la médica de Roca —y su pareja, un agente penitenciario— y del psiquiatra de Regina.
El dinero que habla
Uno de los elementos más contundentes que construyó la fiscalía fue el rastreo financiero. La investigación logró constatar depósitos y transferencias de los agentes públicos —con sumas de 5.000 pesos por certificado— en favor de la pareja de la médica, un penitenciario que actuaba como gestor. A cambio, los estatales obtenían certificados médicos para licencias por enfermedad laboral o por atención familiar, todos con la firma de la profesional roquense.
Para llegar a esta instancia, se realizó un cotejo de información de varios pasos, que incluyó el análisis de informes bancarios de los médicos involucrados, detectando movimientos que coincidirían con los pagos recibidos a cambio de los diagnósticos falsos.
Un universo más amplio de lo esperado
Lo que comenzó como una investigación sobre tres agentes policiales se transformó en una megacausa de proporciones inéditas en la provincia. La nómina alcanzó a 129 estatales, entre ellos 90 policías y 28 penitenciarios. La lista se completa con cinco docentes y seis empleados del municipio de Roca.
Cabe señalar que el caso del psiquiatra de Villa Regina no llegó a la instancia de acusación porque sus certificaciones habían logrado la ratificación por parte de la Junta Médica. Esta validación debilitó las acusaciones y, por eso, no prosperaron. La audiencia de este jueves se concentra exclusivamente en los trámites vinculados a la médica roquense.
En cuanto a la calificación legal, los delitos se encuadran en fraude a la administración pública y uso de documentación falsa. La autoría recaerá en los profesionales firmantes, mientras que los estatales serán acusados como partícipes necesarios.
Quiénes impulsan la causa
La denuncia fue impulsada por el gobernador Weretilneck junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella a cargo de Federico Rosbaco.
La magnitud del caso obligó a la creación de un equipo fiscal de refuerzo, integrado por Mariana Giammona y Francisco Marano, de la Fiscalía N°8, junto a Candelaria Molineaux, de la Fiscalía N°7. El juez a cargo de la audiencia es Adrián Dvorzak.
La logística del juicio más grande de la Patagonia
Dada la cantidad inédita de imputados, si bien el Auditorio del Poder Judicial estará operativo, gran parte de los acusados y sus abogados defensores se conectarán vía Zoom. Esta medida responde no solo a la capacidad física de la sala, sino también a que muchos de los policías residen en distintos puntos del territorio rionegrino.
La audiencia de este jueves no implica una condena ni un juicio oral: es el paso formal mediante el cual la fiscalía pone en conocimiento de los imputados los hechos que se les atribuyen y define cómo continuará el proceso penal. Sin embargo, su magnitud ya la convierte en un hecho sin precedentes en la historia judicial de la Patagonia.
