(NOTI-RIO) Un proyecto de ley presentado ante la Legislatura de Río Negro busca terminar con una práctica que, según su autor, perjudica a miles de vecinos de la provincia: que los municipios cobren la tasa de alumbrado público sin medir realmente cuánta energía consumen sus redes.
La iniciativa lleva la firma del legislador César Rafael Domínguez, de La Libertad Avanza, y apunta a instaurar lo que el texto define como un “régimen de transparencia, medición real, eficiencia energética y razonabilidad tributaria” en la prestación del servicio.
En los fundamentos del proyecto, Domínguez describe una situación que, afirma, viene repitiéndose desde hace años: los cargos de alumbrado público se determinan mediante fórmulas estimativas, porcentajes aplicados sobre el consumo domiciliario o coeficientes generales que no guardan relación directa con el costo efectivo del servicio. El resultado es que el contribuyente paga sin saber exactamente cuánto consume el alumbrado, cuánto cuesta mantenerlo ni qué parte del cargo corresponde a energía y cuál a mantenimiento.
Para el legislador roquense, esa brecha entre lo que presta el Estado y lo que abona el vecino viola principios básicos de equidad tributaria. Cita en ese sentido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado reiteradamente que las tasas deben guardar relación con el costo del servicio efectivamente prestado y no convertirse en mecanismos indirectos de recaudación.
Qué exige el articulado
El proyecto tiene nueve artículos. En su núcleo, establece tres obligaciones centrales para los municipios rionegrinos:
Instalar y mantener sistemas de medición eléctrica homologados, individualizados y sectorizados que determinen el consumo real del alumbrado. Prohibición expresa de calcular tasas, contribuciones o cargos sobre porcentajes del consumo domiciliario, estimaciones generales o cualquier mecanismo que no refleje el consumo efectivamente registrado. Toda tasa vinculada al alumbrado deberá guardar proporcionalidad razonable con el costo real del servicio.
Los municipios contarán con un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la norma para adecuar sus sistemas. El Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentarla dentro de los 90 días de su promulgación.
El proyecto designa al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) como autoridad de aplicación. El organismo quedará facultado para requerir información técnica y contable a los municipios, realizar auditorías, verificar mediciones, emitir recomendaciones y aplicar sanciones administrativas ante incumplimientos.
No es un rol menor: la norma también invita a los municipios a adecuar sus ordenanzas tributarias y regulatorias a los principios que establece.
Tecnología disponible, excusas que se acaban
En los fundamentos, Domínguez subraya que la tecnología actual hace injustificable seguir con estimaciones: hoy existen herramientas para medir en tiempo real, detectar pérdidas eléctricas, identificar fallas, optimizar horarios de encendido y gestionar luminarias de manera remota. Experiencias en distintos municipios del país habrían demostrado, según el proyecto, que incorporar sistemas de medición inteligente puede producir reducciones sustanciales en el consumo y en los costos de mantenimiento.
“La tecnología no puede ser utilizada únicamente como herramienta administrativa interna o como método de control ciudadano para sanciones; también debe traducirse en beneficios concretos para la sociedad, tanto en términos de calidad del servicio como de justicia tributaria”, concluye el texto.
Un contexto que acompaña
La presentación de la iniciativa coincide con una auditoría que el propio EPRE lleva adelante sobre la composición de las tasas incluidas en las facturas eléctricas de la provincia, a partir de reclamos de usuarios. El organismo ya advirtió que existe marcada heterogeneidad entre comunas y que, en algunos casos, las tasas pueden representar hasta el 50% del costo total de la factura.
El presidente del EPRE, Juan Justo, explicó que el objetivo es construir un diagnóstico sobre los distintos esquemas de cobro vigentes y evaluar si existen distorsiones que generen una carga excesiva para los contribuyentes. Los primeros resultados de ese relevamiento podrían conocerse en las próximas semanas, una vez que concluya la recopilación de información solicitada a municipios y distribuidoras.
