(NOTI-RIO) La estación de espacio profundo instalada en Bajada del Agrio opera bajo un régimen de exención impositiva total, cesión gratuita de tierras y legislación china para su personal. A cambio, Argentina accede a un 10% del uso de la antena. Un repaso por los convenios que dieron origen a la instalación y la polémica que persiste sobre su verdadero alcance.
En el paraje Quintuco, en la localidad de Bajada del Agrio, departamento de Picunches, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Neuquén, funciona desde abril de 2018 una de las instalaciones más discutidas de la Patagonia: la estación de espacio profundo que el gobierno de China opera en territorio argentino. Se trata de un predio de 200 hectáreas con una antena parabólica de 35 metros de diámetro, la única que el país asiático posee fuera de sus fronteras, destinada al seguimiento de misiones ubicadas a más de 300.000 kilómetros de la Tierra.
La instalación no surgió de un solo trámite sino de una secuencia de acuerdos firmados entre 2012 y 2016, que fueron construyendo el marco legal, impositivo y operativo bajo el cual funciona la base hasta el día de hoy, con vigencia proyectada hasta el año 2064.
Cómo se gestó el acuerdo
El primer paso se dio el 20 de julio de 2012, cuando la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, conocida por su sigla en inglés CLTC, firmó un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, organismo argentino con competencia en la materia. Ese primer documento estableció las condiciones para instalar equipamiento de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida la antena de espacio profundo.
Cinco meses más tarde se firmó un segundo acuerdo, esta vez con la incorporación de la provincia de Neuquén como parte firmante junto a la CLTC y la CONAE.
El tercer paso, y el más determinante en términos económicos, llegó en 2014. Ese año se aprobó un acuerdo de cooperación firmado directamente entre los dos gobiernos, el argentino, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, y el chino, encabezado por Xi Jinping.
Su objetivo fue instrumentar los beneficios impositivos, aduaneros, migratorios y consulares que terminarían rigiendo la operación de la base. Este convenio debió ser refrendado por el Congreso de la Nación, que lo convirtió en ley en febrero de 2015, tras un debate en el Senado que se dio el 17 de diciembre de ese año con el respaldo de la mayoría oficialista del Frente para la Victoria.
En 2016, ya bajo la presidencia de Mauricio Macri, ambos países firmaron un protocolo adicional que buscó despejar una de las principales críticas al acuerdo original: la ausencia de una prohibición explícita sobre usos militares.
El texto estableció que el convenio se implementaría exclusivamente con miras al uso civil en ciencia y tecnología, y que la información resultante de las investigaciones no podría utilizarse con propósitos militares. Ese protocolo fue publicado en el Boletín Oficial el 28 de noviembre de 2018, coincidiendo con la Cumbre del G20 en Buenos Aires y la visita de Xi Jinping al país, y ratificó la vigencia del acuerdo hasta el año 2064.
Los beneficios impositivos y las condiciones cedidas
El paquete de beneficios otorgado a China para la instalación y operación de la base es amplio y se sostiene, según coincide la documentación relevada, en varios puntos centrales.
Argentina cedió de forma totalmente gratuita 200 hectáreas de tierra en el desierto de Quintuco por un plazo de 50 años. Sobre esa cesión se estableció una exención impositiva total durante todo ese período, que alcanza tanto a impuestos nacionales como a derechos aduaneros, incluyendo tributos al consumo como el IVA.
El acuerdo marco, de ocho artículos, también fijó que el Estado argentino no interrumpirá las actividades normales que se desarrollen en la estación, y que el personal chino que trabaja en el predio se rige bajo la legislación de Pekín y no bajo las leyes argentinas.
Como contrapartida a esa cesión de soberanía operativa, el gobierno chino se comprometió a mantener indemne a la Argentina frente a cualquier reclamo que pudiera surgir vinculado a la actividad de la base.
A nivel provincial, el gobierno de Neuquén sumó su propio beneficio tributario. En octubre de 2014 emitió el Decreto 2.336/14, mediante el cual eximió a los agentes que operan en la zona del pago del Impuesto a los Sellos, en sintonía con la política de exenciones ya definida por la Nación.
En conjunto, el convenio de cooperación contempla desgravaciones impositivas, exención de impuestos y derechos aduaneros, y beneficios de tipo migratorio y consular para el personal destinado a la base.
Qué recibe la Argentina a cambio
Frente a este esquema de beneficios cedidos, el acuerdo también fijó contraprestaciones para el país. La principal es el acceso, por parte de la CONAE, al 10% del tiempo de uso de la antena, que puede destinarse al desarrollo de proyectos de investigación científica nacional y de cooperación regional e internacional.
El organismo argentino tiene además la posibilidad de instalar equipamiento propio dentro del predio para proyectos de interés nacional.
Desde 2019, investigadores de la CONAE y del Instituto Argentino de Radioastronomía comenzaron a realizar observaciones radioastronómicas utilizando esa franja horaria disponible. Además, desde que la base entró en funcionamiento en abril de 2018, Argentina participó como colaborador en el proyecto Chang’e 4, la misión china de exploración de la cara oculta de la Luna.
Control y supervisión
Sobre el funcionamiento cotidiano del predio, existe lo que las autoridades describen como un control y supervisión permanente a cargo de la CONAE, el ENACOM y la provincia de Neuquén, que incluye visitas periódicas a la estación, intercambio de documentación informativa y coordinación de actividades conjuntas. Sin embargo, el propio informe que describe este esquema aclara que estas instancias no conllevan una auditoría en el sentido clásico del término, sino que el control se desarrolla de manera colaborativa entre las partes para cumplir los objetivos del acuerdo.
Esta característica, sumada al hermetismo que rodeó a la instalación desde sus orígenes, fue uno de los ejes centrales de la polémica que acompañó a la base durante los sucesivos gobiernos, tanto kirchneristas como de Cambiemos, el Frente de Todos y ahora La Libertad Avanza.
La polémica que no cesa
Desde su gestación, la base fue señalada por sectores de la oposición, por prensa internacional y por Estados Unidos como una potencial instalación de doble uso, científico y militar. En 2019, el almirante Craig Faller, entonces al frente del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió ante su Congreso que la base podría servir para monitorear objetivos estadounidenses.
La discusión volvió a instalarse con fuerza en los últimos años. En 2024, el ministro de Defensa Luis Petri anunció una inspección a la base, en un contexto que coincidió con la visita a la Argentina de la generala Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos. La entonces canciller Diana Mondino salió a aclarar públicamente que la base no aloja personal militar chino.
Los datos clave del acuerdo
Ubicación: Bajada del Agrio, departamento de Picunches, provincia de Neuquén.
Superficie cedida: 200 hectáreas.
Plazo de la concesión: 50 años, con protocolo que la ratifica hasta 2064.
Antena: parabólica, de 35 metros de diámetro, única de China fuera de su territorio.
Inicio de operaciones: abril de 2018.
Beneficio para Argentina: acceso al 10% del tiempo de uso de la antena.
Exenciones otorgadas: impuestos nacionales, derechos aduaneros, IVA e Impuesto a los Sellos provincial, por todo el plazo de la concesión.
Marco legal: acuerdos de 2012 (CLTC-CONAE y CLTC-CONAE-Neuquén), acuerdo de cooperación de 2014 convertido en ley en 2015, y protocolo adicional de 2016 publicado en 2018.
