(NOTI-RIO) El Poder Ejecutivo rionegrino remitirá en las próximas horas al Parlamento provincial el acuerdo firmado con la Nación para delegar en la provincia la administración, mantenimiento y ejecución de obras en los trazados de las rutas nacionales 22 y 151.
La intención del oficialismo es que el texto sea ratificado durante la sesión prevista para el jueves de la semana que viene. Como paso previo, el gobernador Alberto Weretilneck convocó a un encuentro con intendentes del Alto Valle este martes por la tarde en Cipolletti para explicar el alcance del traspaso.
El convenio marco, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección de Vialidad Rioneghina, fija un plazo de vigencia de 20 años para la gestión operativa provincial sobre ambos corredores.
No obstante, el documento aclara que las rutas continuarán bajo el dominio y la jurisdicción formal del Estado nacional.
A pesar de la firma formal, la toma de posesión efectiva por parte de la provincia no será inmediata ni simultánea en toda la traza. El texto establece que la Nación dispone de un plazo de hasta 60 días hábiles administrativos para poner a disposición los tramos sin contratos vigentes, por lo que la intervención real de la empresa vial rionegrina se concretaría hacia fines de noviembre.
Esquema gradual y financiamiento provincial
El traspaso operará de forma progresiva. Nación y Provincia deberán confeccionar convenios específicos y actas de toma de posesión por cada sector, delimitando travesías urbanas, accesos, puentes, colectoras y rotondas. Recién al firmarse cada acta individual, la provincia asumirá la responsabilidad legal y operativa sobre el tramo en cuestión.
En relación con los fondos, la Provincia deberá aportar el financiamiento para las obras y el mantenimiento de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria. El acuerdo contempla la posibilidad de recurrir al cobro de peaje para solventar los trabajos, aunque para ello Río Negro deberá adherir al Decreto Nacional 253/2026 y firmar un convenio específico complementario con el Gobierno nacional.
En materia de seguridad vial, la provincia asumirá las tareas operativas de control de pesaje, cargas y fiscalización de tránsito, aunque el juzgamiento y el cobro de las multas resultantes continuarán en la órbita de las autoridades nacionales. Por último, el convenio condiciona la efectividad del acuerdo al desistimiento por parte de la Provincia de las acciones judiciales interpuestas contra la Nación por el estado de las calzadas.
