El jeque árabe Sulaiman Al-Fahim estaría cerca de quedarse con la mina de potasio Vale

El gobierno de Mendoza estaría a punto de dar un giro inesperado en el megaproyecto de Potasio Río Colorado, actualmente paralizado por la empresa brasileña Vale, que presiona a Francisco Pérez y a la Casa Rosada para obtener beneficios impositivos a cambio de reanudar las obras, que en total implican una inversión de 6.000 millones de dólares.

Ahora, según el diario mendocino El Sol, un grupo de inversores encabezado por el jeque árabe Sulaiman Al-Fahim está negociando con la administración provincial y estaría cerca de quedarse con la mina de potasio, ubicada en la zona de Malargüe. De acuerdo a la información, las tratativas avanzaron a paso firme durante los últimos días, aunque todavía no hay definiciones.

Uno de los puntos donde todavía las negociaciones están algo complicadas es el porcentaje de retorno de la inversión. Paco Pérez le aseguraría un 12%, pero los árabes quieren 15%. No obstante esa diferencia, en Mendoza ha cambiado el humor.

Las negociaciones con Vale están absolutamente estancadas y pese a que la minera tiene plazo hasta fin de mes para presentar un nuevo plan de obras, se descuenta que eso no sucederá y pedirían una nueva prórroga. En cambio, el clima con los árabes es mucho más ameno.

La posibilidad de que vale retome las obras parece difícil en lo inmediato. La empresa asegura que la suba de costos y algunas complicaciones extras en el proyecto inicial en desequilibrado las finanzas y es necesario realizar una reestructuración del plan. Sin embargo, por lo bajo mantiene una dura disputa con el gobierno nacional por la imposibilidad que tuvo desde que comenzó a trabajar para poder enviar sus dividendos al exterior, algo que la Casa Rosada prohibió cuando empezó a aplicar medidas tendientes a contener el dólar.

En las últimas reuniones entre funcionarios argentinos y brasileños, la firma agregó otra exigencia y pidió que el gobierno habilite exenciones impositivas por unos mil millones de dólares. El pedido es para diferir el pago del IVA hasta que la mina esté en pleno funcionamiento, algo que se preveía para 2014 pero que podría retrasarse hasta tres años.

Además, la minera pidió un mejor tipo de cambio para las divisas que ingresen al país destinadas a los gastos de producción. Hasta ahora, la parte argentina no parece dispuesta a ceder, aunque se reconoció que los funcionarios trabajan en una contrapropuesta. La resolución del tema podría tener como fecha clave el 7 de marzo próximo cuando se reúnan Dilma Rousseff y Cristina Kirchner.

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