Un funcionario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Río Colorado, Hernán Taborda, fue imputado por el juez de Garantías de Choele Choel, Roberto Gaviña, bajo los cargos de violencia de género y amenazas hacia su ex pareja, Carina Bünter. El caso ha generado preocupación por la posible impunidad y la protección institucional hacia el imputado.
Hechos denunciados
La víctima, ex pareja de Taborda, reveló que durante una discusión él la amenazó de muerte. En un momento de gran tensión, Bünter le quitó el arma ante el temor de que pudiera usarla para matarla. Posteriormente, entregó el arma en la comisaría, confirmando que estaba cargada, lo que incrementó el riesgo percibido por la mujer.
El juez Gaviña formuló cargos contra Taborda bajo la figura de “lesiones doblemente calificadas”, ya que el hecho de violencia fue perpetrado por un hombre contra una mujer con la que había mantenido una relación de pareja, lo que lo encuadra dentro del marco legal de violencia de género. A esto se suma el delito de amenazas, lo que agrava aún más la situación del funcionario.
Contexto judicial
Hernán Taborda, de 44 años, quien fue nombrado al frente de la delegacion de ANSES de Río Colorado en el mes de mayo del corriente año, es funcionario del partido La Libertad Avanza y ex policía de la provincia de Río Negro. Durante la audiencia de imputación, que se realizó en los tribunales de la región del Valle Medio, participaron el fiscal Daniel Zornitta, el defensor de Taborda, Ricardo Thompson, y el abogado querellante Leandro Ruiz.
En la audiencia, el juez estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y dictó una orden de restricción que impide al imputado acercarse a la víctima a menos de 100 metros, así como realizar cualquier tipo de contacto directo o indirecto, ya sea personal, telefónico o mediante redes sociales.
La denuncia de la víctima
Carina Bünter relató a la prensa una serie de episodios violentos y conflictivos ocurridos durante y después de la relación. Según su testimonio, la situación se deterioró cuando adquirieron una casa en Las Grutas, donde Taborda le pidió la cesión de la propiedad y luego se negó a entregarle lo que le correspondía. Bünter asegura que fue víctima de una estafa en ese contexto, además de los abusos psicológicos y amenazas que sufrió.
El episodio más grave ocurrió en Río Colorado cuando, tras una discusión, Taborda revisó el teléfono de Bünter y la amenazó con matarla. La víctima logró quitarle el arma y escapar, pero su ex pareja le quitó las llaves de la camioneta, dejándola sin posibilidad de moverse. Desesperada, Bünter se escondió en un descampado hasta que fue rescatada por un vecino que la llevó a la policía.
Preocupación por la impunidad
Bünter manifestó su preocupación por la respuesta de las autoridades ante el caso. Según comentó, cuando su abogado informó de la situación a la ANSES de Río Colorado, la respuesta fue que no se removería a Taborda de su cargo, ya que supuestamente estaba “protegido”. La víctima expresó su angustia ante la posibilidad de que el caso quede sin resolverse y la falta de apoyo institucional.
Además, Bünter lamentó que, a más de un mes del incidente, siga bajo tratamiento psicológico y con la necesidad de llevar un botón antipánico para su seguridad, mientras que Taborda continúa con su vida sin mayores consecuencias. Asimismo, señaló que su ex pareja ya había sido denunciado anteriormente por otras mujeres, lo que aumenta su temor a una falta de justicia efectiva en este caso.
Estado actual del caso
El proceso judicial continúa su curso con la investigación en marcha, mientras Bünter y su equipo legal insisten en que se tomen medidas más severas contra Taborda. La comunidad sigue atenta al desarrollo del caso, que ha puesto en el centro del debate la necesidad de reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
En conclusión, el caso de Hernán Taborda destaca la vulnerabilidad que aún enfrentan muchas mujeres en situaciones de violencia de género, incluso cuando los agresores son funcionarios públicos, y subraya la urgencia de mejorar las respuestas institucionales para evitar que estos casos queden impunes.
