(NOTI-RIO) El gobierno de Alberto Weretilneck ha introducido cambios en la carga tributaria aprobada en diciembre, reduciendo un 30% las alícuotas de Ingresos Brutos aplicadas a las ventas de medicamentos en farmacias y a los servicios de internación en clínicas de Río Negro. Esta decisión llega en medio de las críticas de las cámaras de comercio, que expresaron su malestar por la eliminación de bonificaciones de hasta el 30% para las PyMES que realizaban sus pagos a tiempo, lo que ha generado un incremento del tributo para los contribuyentes cumplidores.
El cambio tributario se oficializó mediante el decreto N° 36, firmado el pasado 17 de enero por el gobernador Weretilneck y el ministro Gabriel Sánchez. La ley impositiva vigente habilita al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones de hasta un 30% en las alícuotas, según lo establecido en su artículo 9.
Aunque la normativa aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, la administración provincial ya anunció las reducciones fiscales específicas para la “venta minorista de medicamentos de uso humano” (código 477312/0) y los “servicios de internación” (código 861010/0). De acuerdo con los fundamentos del decreto, estas medidas son esenciales debido a la importancia del sector privado como complemento del sistema público de salud y al hecho de que operan con precios regulados, lo que limita su margen de maniobra ante incrementos tributarios, afectando potencialmente a los consumidores finales.
Las alícuotas iniciales, que eran del 5% para farmacias y del 4,5% para entidades sanitarias, se redujeron al 3,5% y al 3,15%, respectivamente, tras aplicar la rebaja del 30%. El decreto justifica esta medida señalando que el sector farmacéutico presenta características específicas que requieren una atención diferenciada para evitar que la carga fiscal impacte directamente en el bolsillo de los consumidores.
El texto también destaca que los medicamentos cuentan con precios de venta al público fijados y que muchas farmacias venden a afiliados de obras sociales y sistemas prepagos bajo condiciones contractuales con descuentos preestablecidos. Estas restricciones dificultan trasladar el peso del impuesto a los precios finales, lo que podría afectar el acceso a productos esenciales para la salud, considerados bienes sociales según la Ley Provincial de Farmacia.
Por otro lado, el decreto menciona que los servicios de internación enfrentan una situación similar, ya que los precios de las clínicas están determinados por las entidades financiadoras del sistema de salud, como Ipross y Pami, y no por los propios prestadores. Asimismo, se resalta que la mayoría de los ciudadanos de Río Negro cuenta con algún tipo de cobertura médica y que la atención sanitaria depende en gran medida de prestadores privados.
En conclusión, esta reforma tributaria busca equilibrar las necesidades fiscales de la provincia con la protección del acceso a servicios esenciales, reconociendo la importancia de garantizar precios accesibles en medicamentos y servicios médicos.
