(NOTI-RIO) En medio de un contexto económico adverso, los legisladores rionegrinos Lucas Pica y Facundo López (Juntos Somos Río Negro) han presentado un proyecto de ley que propone el cobro de aranceles a ciudadanos extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la provincia, por el uso de servicios públicos de salud y educación terciaria.
La iniciativa, que ya cuenta con estado parlamentario, establece que los residentes transitorios y quienes posean residencia precaria, según la clasificación de la Ley Nacional de Migraciones, deberán abonar por la atención médica en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios rionegrinos. No obstante, se garantiza la gratuidad en casos de emergencia, respetando el principio de atención médica inmediata e ineludible.
En el ámbito educativo, la medida alcanzará a los institutos de formación docente y técnica superior de gestión pública, donde se aplicarán aranceles con el objetivo exclusivo de financiar gastos operativos, mejoras edilicias y adquisición de equipamiento, dejando fuera cualquier tipo de erogación salarial. Actualmente, la provincia de Río Negro cuenta con 16 institutos técnicos superiores y 10 centros de formación docente continua, que suman en total 56 carreras de tecnicaturas y formación profesional.
Un contexto crítico para los servicios públicos
Los legisladores argumentan que la situación financiera que atraviesa la provincia exige medidas que optimicen los recursos y permitan garantizar la calidad de los servicios para los residentes permanentes. “No se trata de excluir a nadie, sino de proteger el acceso y la eficiencia del sistema para los rionegrinos”, expresó Lucas Pica.
Según el legislador, es común la llegada de personas extranjeras —especialmente de países limítrofes— que cruzan la frontera para recibir atención médica gratuita o retirar medicación, regresando luego a sus países de origen. Este fenómeno, al que se refirió como “turismo asistencial”, tiene un fuerte impacto sobre los recursos disponibles del sistema sanitario provincial.
En términos similares se manifestó sobre el sistema educativo, apuntando que la gratuidad de la formación terciaria en Río Negro contrasta con los sistemas arancelados de otros países, lo que provoca un aumento considerable en la demanda de plazas por parte de ciudadanos extranjeros. Esta situación, afirmó, genera una presión adicional sobre los gastos de funcionamiento de los centros educativos.
Un modelo con precedentes en otras provincias
Río Negro no es la primera jurisdicción en explorar esta vía. Provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya han implementado normativas similares que exigen el pago de servicios a extranjeros sin residencia permanente. Además, en al menos otras cinco provincias argentinas se encuentran en debate proyectos de ley en la misma línea.
El proyecto presentado por Pica y López contempla también la creación de un Fondo Específico que será financiado con los pagos efectuados por los extranjeros. Dicho fondo estará destinado exclusivamente a fortalecer el sistema público, sin ser utilizado para gastos salariales, lo que garantizaría su uso directo en infraestructura, materiales médicos, tecnología y mobiliario educativo.
“Primero los rionegrinos”
Con una clara consigna de priorizar los derechos de los residentes permanentes, los autores del proyecto defienden la medida como una herramienta para fortalecer el acceso a servicios esenciales en un momento de crisis. “Buscamos dotar de más recursos a nuestros hospitales e instituciones educativas para asegurar su calidad y eficiencia. Primero los rionegrinos, siempre”, señalaron.
El debate en la Legislatura provincial está servido. La propuesta despierta apoyos y críticas, pero sin duda pone sobre la mesa una discusión clave: ¿cómo garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos en contextos de alta demanda y limitación presupuestaria, sin perder el carácter inclusivo y solidario del Estado?
