(NOTI-RIO) La exgobernadora de Río Negro y actual referente del espacio Hacemos, Arabela Carreras, se pronunció tras la decisión del Ministerio Público Fiscal de archivar la denuncia penal en su contra por el convenio con la empresa estatal israelí Mekorot. En declaraciones a La Tecla Patagonia, Carreras denunció motivaciones políticas detrás del caso y apuntó directamente contra la legisladora Magdalena Odarda, a quien acusó de “utilizar recursos del Estado para visibilizarse electoralmente”.
El fiscal Guillermo Ortiz resolvió cerrar la causa por inexistencia de delito. Según su dictamen, no hubo abuso de poder ni incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de la exmandataria. La acusación, presentada en marzo por las legisladoras de Vamos con Todos, Odarda y Ayelén Spósito, cuestionaba la transparencia del acuerdo con Mekorot para asesoramiento técnico sobre el uso del agua en la provincia.
Carreras: “Fue una operación política”
Carreras consideró que la denuncia carecía de sustento y señaló el perjuicio económico que supuso para el Estado: “Dos policías vinieron dos veces a mi casa a notificarme. Todo eso representa recursos públicos malgastados en una denuncia con fines electorales. Mientras tanto, la Legislatura no sesionó prácticamente en todo el año. Este tipo de hechos son los que alimentan el descontento ciudadano hacia la política”.
La exgobernadora defendió el acuerdo con Mekorot, indicando que la provincia no era parte directa del contrato, sino que este fue firmado entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la consultora israelí. “Los beneficios eran claros: se financiaban técnicos locales, se conservaba la propiedad intelectual y se obtenía asesoramiento especializado. Fue un convenio beneficioso desde todo punto de vista”, afirmó.
Además, cuestionó la actitud de los legisladores que apoyaron la denuncia: “Lamento que se utilicen fondos públicos solo para salir unos minutos en los medios. Según me comentaron periodistas, Odarda ni siquiera quiso dar entrevistas luego de presentar la denuncia. Una vergüenza”.
Acusaciones cruzadas y tensiones políticas
Carreras deslizó sospechas sobre el origen de la denuncia: “Tenemos hipótesis sobre quién está detrás de Odarda. Pero no puedo denunciar sin pruebas. Lo que sí puedo decir es que hay una asimetría en el uso del poder. Yo no tengo cargo, ni cobro del Estado. Mientras tanto, hay personas que viven del Estado desde hace años y utilizan todos sus recursos para perseguir políticamente”.
En cuanto a la insistencia de Odarda con la causa, Carreras recordó que no es la primera vez que la legisladora presenta denuncias en su contra: “Tiene una pequeña estructura con la que arma denuncias. Ella es abogada, sabe cómo hacerlo”.
Recurso de revisión y argumentos de Odarda
A pesar del cierre de la causa, la legisladora Magdalena Odarda presentó un recurso de revisión, calificando la resolución del fiscal Ortiz como “arbitraria e infundada”. Cuestionó que no se haya considerado el carácter público del convenio con Mekorot, al tratarse de una empresa estatal israelí involucrada en la gestión del agua, un recurso estratégico.
Odarda también sostuvo que la falta de publicación del contrato en el Boletín Oficial y la omisión de su envío a la Legislatura violan el principio de transparencia, además de vulnerar el artículo 181, inciso 13, de la Constitución rionegrina. Según su visión, el accionar de Carreras no fue meramente administrativo, sino que incurrió en una conducta ilegítima que merece ser investigada.
Proyección política y críticas a la gestión de Bariloche
En paralelo, Carreras confirmó que continúa trabajando en la consolidación del espacio Hacemos en Río Negro, en articulación con el gobernador cordobés Juan Schiaretti. Si bien no descartó una eventual candidatura al Senado, afirmó que su prioridad es “construir consensos y superar la fragmentación política”.
Consultada sobre la situación en Bariloche, Carreras criticó con dureza la gestión del intendente Walter Cortés: “Hay una alarmante debilidad institucional y opacidad en el manejo de los fondos. El Tribunal de Contralor está paralizado y politizado, y la ciudad no muestra mejoras”.
