(NOTI-RIO) En una audiencia realizada en Viedma, la Justicia reformuló cargos contra Enzo Tamburrini y Nelson Iribarren, exjefes comunales de Sierra Grande, por presunto fraude a la administración pública y uso de documentación falsa. Se amplió el período de investigación penal.
En el marco de la investigación por la denominada causa Techo Digno, el Ministerio Público Fiscal reformuló este jueves los cargos contra los exintendentes de Sierra Grande, Enzo Tamburrini y Nelson Iribarren, por presunta defraudación al Estado y uso de documentación pública falsa. La actualización responde a los nuevos informes periciales técnicos y contables incorporados a la causa, que precisaron el daño patrimonial: el perjuicio al erario público municipal fue estimado en $793.480.666, según cálculos ajustados a marzo de 2025.
Durante la audiencia desarrollada en el Auditorio del Poder Judicial de Viedma, la fiscal Yanina Passarelli formalizó nuevamente los cargos ante el juez de garantías, con el aval de las defensas, lo que habilita un período de investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses.
Fraude con certificaciones de obra y desvío de fondos
Según la acusación, Tamburrini —quien recibió fondos nacionales en 2015 por $16.689.525 para la construcción de 40 viviendas e infraestructura— habría ordenado pagos irregulares por más de $12 millones a una empresa constructora, sustentados en certificados de avance de obra falsos.
“El avance fue certificado en un 71%, cuando las pericias técnicas comprobaron que la obra real no superaba el 42%”, detalló la fiscalía. Las certificaciones fueron firmadas por funcionarios de su gabinete: Mauro Tamburrini (Gobierno y Hacienda) y Ernesto Noel (Obras Públicas). Además, en diciembre de ese mismo año se habría efectuado otro pago de $1.000.000 bajo el ítem “movimiento de suelos”, también basado en documentación apócrifa.
Iribarren también bajo la lupa
En el caso de Nelson Iribarren, quien asumió en diciembre de 2015, la acusación lo vincula con la continuidad de las maniobras. “Ordenó pagos por más de $2 millones sin contar con nuevos desembolsos nacionales ni verificaciones reales de avance de obra”, sostuvo la fiscal.
Los pagos —según se describió— se justificaron con informes que hablaban de un 14,02% de avance de infraestructura, cuando en realidad las inspecciones del IPPV verificaron apenas el zanjeo para redes cloacales y de agua en 14 viviendas. No se constató movimiento de suelos ni avances físicos relevantes.
Las certificaciones durante esta etapa fueron avaladas por funcionarios de su gestión: Claudia Albariño y Miguel Ángel Mesa, entonces titulares de Gobierno e Inspección General, y de Obras Públicas, respectivamente.
Origen y marco de la causa
La causa Techo Digno se inició con denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales. En Sierra Grande, la investigación abarca dos gestiones municipales consecutivas y se sustenta en auditorías, pericias técnicas e informes del Tribunal de Contralor local.
La reformulación de cargos se realizó en cumplimiento de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de mayo de 2022, que instó al Ministerio Público Fiscal a brindar mayor precisión en las imputaciones en causas de alta complejidad.
En esta etapa, también se aguarda la audiencia de formulación para el empresario constructor involucrado, reprogramada para el 2 de julio por motivos de agenda de su defensa.
Próximos pasos
Con la formalización de los nuevos cargos, se abre una etapa clave de recolección de pruebas y testimonios, en la que el Ministerio Público buscará consolidar su hipótesis y definir si eleva el caso a juicio. Las defensas, en tanto, ya accedieron a la evidencia —más de 40 páginas según se informó— y podrán plantear objeciones o nulidades durante este proceso.
La megacausa Techo Digno es una de las más complejas en el ámbito judicial rionegrino por el volumen de fondos investigados, la cantidad de imputados en diversas localidades y el entramado institucional que involucra recursos federales, intendencias locales y contratistas privados.
