(NOTI-RIO) La Asociación Rural del Sur Pampeano se sumó al frente de rechazo que protagonizan siete entidades pampeanas contra la Resolución 201/2026 del SENASA. Mientras la Agrícola de Santa Rosa avaló la medida, el resto del campo provincial cierra filas en defensa del sistema de fundaciones que durante tres décadas sostuvo el estatus sanitario argentino.
Desde el rincón más austral de La Pampa, la Asociación Rural del Sur Pampeano -con sede en La Adela- levantó su voz para sumarse a un rechazo que ya tiene nombre y forma: el de siete entidades rurales provinciales que firmaron un comunicado conjunto cuestionando uno de los cambios sanitarios más significativos de los últimos años en la ganadería argentina.
La norma que generó el conflicto es la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), firmada por su titular, María Beatriz “Pilu” Giraudo, y publicada en el Boletín Oficial el pasado 13 de marzo.
La resolución establece que los titulares de establecimientos agropecuarios registrados en el RENSPA podrán acordar y seleccionar libremente los servicios de veterinarios privados acreditados para la aplicación de las vacunas contra la aftosa y la brucelosis bovina, en un cambio que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027.
La Adela, en el frente del rechazo
El rechazo está firmado por la Asociación Gremial Agropecuaria de Eduardo Castex, la Asociación Rural de General Acha, la Sociedad Rural de General Pico, la Sociedad Rural de Toay, la Asociación Rural y de Fomento Realicó, la Sociedad Rural del Oeste Pampeano (con sede en Victorica) y la Asociación Rural del Sur Pampeano (La Adela).
Todas integran CARBAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que también rechazó la medida a nivel nacional.
La postura de La Adela no es menor en términos simbólicos: representa al sector ganadero del sur provincial, una zona donde la actividad pecuaria es el eje económico y donde cualquier alteración en el control sanitario puede tener consecuencias directas sobre la producción y la comercialización. Este pronunciamiento aparece como mayoritario entre las asociaciones rurales de la provincia.
Solo no se expresó públicamente la Sociedad Rural de Quemú Quemú, que no integra CARBAP sino que reporta a la Sociedad Rural Argentina.
Una interna que deja al descubierto tensiones gremiales
El episodio dejó expuesta una fractura interna poco habitual en el gremialismo rural pampeano. La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, con sede en Santa Rosa, respaldó la decisión del Gobierno nacional, mientras el resto de las rurales pampeanas se apartaron de esa postura.
El dato que agrega complejidad al cuadro: el vicepresidente de CARBAP, Marcelo Rodríguez, es socio y expresidente de la Agrícola de Santa Rosa, y fue uno de los dirigentes que cuestionó duramente la desregulación.
¿Qué cambia exactamente con la nueva norma?
Hasta ahora, la vacunación sistemática estaba en manos de los entes sanitarios y fundaciones locales, organismos que durante décadas coordinaron las campañas en cada partido y provincia.
La nueva normativa introduce un esquema de libre elección: el productor podrá requerir los servicios de un veterinario privado acreditado ante el SENASA para la compra, la guarda y la aplicación de las vacunas antiaftosa y antibrucélica, durante las campañas sistemáticas o en vacunaciones estratégicas.
Los requisitos para los profesionales privados son precisos: deberán estar acreditados ante el SENASA como vacunadores, contar con acreditación en brucelosis bovina, garantizar la cadena de frío desde la adquisición hasta la aplicación, y registrar las actas de vacunación en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) dentro de los siete días posteriores a la aplicación.
En cuanto a los plazos, el productor que opte por esta vía deberá comunicar su elección con una antelación mínima de 30 días corridos previos al inicio de la primera campaña oficial de vacunación del año.
Si no lo notifica, la responsabilidad del servicio se mantendrá, por defecto, en el ente sanitario de su jurisdicción.
Los argumentos del campo: tres décadas en juego
El rechazo de La Adela y las demás rurales pampeanas se apoya en argumentos técnicos, históricos y económicos. Desde CARBAP recordaron que las fundaciones fueron figuras determinantes para superar los brotes de la enfermedad en 2001 y 2006, logrando consolidar un sistema que “aparece hoy como robusto”.
El cuestionamiento va más allá de lo técnico. Desde CARBAP advirtieron que la nueva norma rompe con el “principio de solidaridad entre productores”, ya que hasta ahora todos los titulares de rodeos bovinos dentro de cada fundación pagan el mismo valor por dosis aplicada, independientemente del tamaño de su establecimiento.
La pregunta que más resuena entre los dirigentes del sur pampeano apunta al corazón del sistema: el 17% de los establecimientos posee menos de 20 bovinos y el 34% entre 20 y 100 animales, lo que implica que más de la mitad de los productores cuenta con rodeos pequeños, generalmente dispersos y con mayores costos operativos. “¿Quién garantizará que estos productores efectivamente vacunen sus rodeos?”, preguntó la entidad.
El antecedente que nadie quiere repetir
Hay un precedente histórico que pesa sobre este debate. Como ya sucedió durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2011, con la fallida Resolución 368/2011, el SENASA dictó una norma para permitir “la libre elección” de los productores ganaderos a la hora de elegir quién vacuna su rodeo contra la fiebre aftosa y la brucelosis.
Aquel intento fracasó y derivó en la consolidación del sistema de fundaciones que hoy se busca flexibilizar. La nueva Resolución 201/2026 deroga precisamente esa norma de 2011.
El precio de la vacuna y el argumento económico desestimado
El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger fue uno de los defensores públicos del nuevo esquema, argumentando menores costos para los productores. Pero desde las entidades rurales esa lógica fue rebatida con números: actualmente el valor de la vacuna representa menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente equivalía a cerca de un kilo, lo que relativiza el impacto económico del sistema vigente.
Desde CARBAP también advirtieron que es dudoso que los productores puedan conseguir un mejor precio a través de veterinarios privados, ya que a lo largo de los años los laboratorios proveedores de la vacuna y las fundaciones han tejido una relación comercial fluida que les asegura a los entes sanitarios precios de compra anticipada más convenientes.
La voz de la FAA y CRA: el rechazo se amplía
El frente opositor a la medida excede las fronteras de CARBAP. La Federación Agraria Argentina reafirmó su rechazo y advirtió que la medida restringe el poder de contralor del SENASA: “En caso de una emergencia, los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla.
El problema radica en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada”.
Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también sumaron su rechazo y solicitaron enfáticamente “la revisión inmediata de la Resolución 201/2026 y la apertura de un espacio de diálogo serio con el sector, antes de avanzar en decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles”.
La única voz a favor: la SRA
En el polo opuesto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) respaldó la medida. La SRA describió el cambio como “un avance importante” y subrayó que la sanidad animal es un eslabón estratégico para la producción y las exportaciones argentinas, aunque aclaró que considera imprescindible mantener el diálogo con el sector público para instrumentar la medida de manera que no se debilite el registro, la fiscalización ni los controles sanitarios.
La advertencia final de La Adela y las siete rurales pampeanas
En su comunicado conjunto, las entidades firmantes -entre ellas la Rural del Sur Pampeano- no dejaron lugar a la ambigüedad: advirtieron que la nueva norma “atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA” y que empuja a los productores a “desarmar el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftosa del país”.
Recordaron la “aventura política de dejar de vacunar en 1999”, que provocó un caos sanitario en todo el país y cuantiosas pérdidas económicas.
Su conclusión fue lapidaria: ante cualquier fracaso sanitario futuro, las entidades firmantes ya dejaron en claro que deslindarán responsabilidades. El campo del sur pampeano habló. La pelota está en la cancha del SENASA.
