(NOTI-RIO) A 74 días de la desaparición del joven en Lamarque, la Justicia provincial admitió que la investigación podría involucrar delitos de narcotráfico y derivó la causa al fuero federal. La querella va más lejos: denuncia encubrimiento policial activo y señala a responsables que aún están en libertad.
La desaparición de Kevin Hernández dejó de ser un caso policial para convertirse en un problema político de primera magnitud en Río Negro.
Este martes, el juez de Garantías Roberto Oscar Gaviña Sánchez resolvió remitir la causa al fuero federal bajo la figura de desaparición forzada de personas, reconociendo implícitamente lo que la familia viene denunciando desde el primer día: que detrás de la desaparición del joven de 26 años, visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque, opera una estructura vinculada al narcotráfico que el aparato policial provincial no ha querido, o no ha podido desarticular.
La propia fiscalía, representada por Belén Calarco y Analía Álvarez, no se opuso al pase de jurisdicción. El Ministerio Público admitió que “no se descarta que la desaparición tenga una posible vinculación con actividades de narcocriminalidad”, argumento que selló el consenso para el cambio. La defensa pública también acompañó el planteo. Fue, en los hechos, una admisión colectiva de que la investigación provincial llegó a un techo.
La hipótesis que la policía no investigó
Para los abogados querellantes Leandro Aparicio y Sergio Heredia, los mismos que lograron esclarecer el caso Daniel Solano hace quince años, el problema no es la complejidad del caso sino la voluntad de resolverlo.
La querella sostiene que existen testigos que declararon ante la comisaría, pero cuyas palabras fueron omitidas deliberadamente de las actuaciones enviadas a la fiscalía. “La policía está encubriendo. Es algo muy parecido a lo que pasó con Daniel Solano hace 15 años”, disparó Heredia.
El señalamiento es grave y concreto. Aparicio denunció que en apenas 48 horas de trabajo privado la querella logró recolectar testimonios “reveladores” que sitúan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del presunto crimen, datos que no habían sido profundizados por la policía provincial.
Peor aún: según el letrado, la policía les envió recién el 28 de abril testimonios que habían sido tomados en febrero, “con la excusa de que se les habían traspapelado”.
La información clave sobre testigos que habrían escuchado confesiones del homicidio recién fue cargada al legajo judicial el lunes previo a la audiencia, horas antes de que el juez resolviera.
Para Aparicio, la conclusión es política: “El narcotráfico es posible por la policía”.
Un pueblo con miedo
Kevin Hernández fue visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque. La última imagen conocida surge de una cámara de seguridad de un comercio, donde aparece junto a otra persona.
Desde entonces, ni rastros ni señales.
Una de las líneas de investigación más directas tiene que ver con los problemas de consumo problemático que atravesaba Kevin.
Heredia señaló que es fundamental reconstruir el círculo de personas con las que se relacionaba y qué relación tenían con el consumo de estupefacientes en Lamarque, y fue categórico: “Si vos hablás de droga, hablás de gente que maneja la droga en Lamarque, y esa gente tiene vinculación con la política y con la policía”.
La hipótesis de la querella describe un escenario de violencia extrema en el “submundo” de Lamarque, donde operan numerosos puntos de venta de estupefacientes, y donde Kevin fue visto por última vez en un contexto de consumo junto a otras personas que terminaron agrediéndolo tras una discusión.
Los testigos que podrían confirmar esto callan: temen represalias en una comunidad donde se comercializa “paco y cocaína con impunidad”.
El argumento de la querella es que quien cometió el crimen no actuó solo: “Un chico que consume y que produce un crimen no tiene la capacidad de andar escondiendo un cuerpo. Ahí intervienen otros actores”, explicó Heredia, sugiriendo que la red de narcotráfico local intervino para evitar que el caso escalara.
El operativo que no alcanzó
Durante los primeros meses, el despliegue policial fue considerable en términos formales. Se realizaron allanamientos en domicilios de familiares del joven, se hallaron elementos cortantes en un desagüe y se desplegaron perros rastreadores que marcaron rastros en dirección a ese mismo punto.
En uno de los operativos más importantes, se secuestró más de un kilo de marihuana en el barrio Arenal, lo que abrió una causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes. Nada de eso condujo a Kevin.
La causa continuó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que evaluó las distintas pruebas reunidas. La geografía de la región presentó dificultades para el rastreo: sectores de tamariscos, desagües, lagunas y terrenos inaccesibles obligaron a los efectivos a recorrer los lugares a pie, a caballo o con apoyo de tecnología aérea. Pero para la querella, el problema no era el terreno.
Detenciones rechazadas, sospechosos libres
El punto más amargo de la audiencia del martes fue la negativa del juez a ordenar detenciones. El Ministerio Público Fiscal y la defensa oficial consideraron que por el momento no existen “fundamentos suficientes” en el legajo para privar de la libertad a los sospechosos señalados por los abogados de la madre y la pareja de la víctima.
La fiscalía también salió en defensa de la fuerza provincial: “A nosotros no nos surge ninguna sospecha de la Policía de Río Negro”, afirmaron Calarco y Álvarez, y agregaron que tampoco hay “indicios concretos de participación” de la fuerza de seguridad. Una posición que choca de frente con la de la querella, y que la familia interpreta como parte del mismo problema.
Los abogados confirmaron que los presuntos autores ya están identificados y que solo resta que la Justicia ordene sus capturas. Esa orden no llegó.
Lo que viene
El expediente será enviado al juez federal con asiento en Roca, quien deberá decidir si acepta la competencia. Si la declina, se abrirá un conflicto de jurisdicción que deberá resolver una instancia superior. La fiscalía provincial continuará interviniendo de manera preventiva.
En cinco días hábiles habrá una nueva audiencia para la lectura de los fundamentos completos de la resolución.
La meta de la querella es clara: evitar que el caso Kevin Hernández se convierta en otra cifra de desapariciones sin resolver en la provincia de Río Negro. La comparación con el caso Solano no es casual ni retórica: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder local cierra filas. Y, según los abogados, ya está ocurriendo.
