“De gestionar vamos a garantizar”. Con esa frase, la legisladora Natalia Reynoso explicó el cambio que introduce la ley aprobada este jueves para las asociaciones de bomberos voluntarios de Río Negro: el pago del agua potable y los desagües cloacales de sus instalaciones operativas quedará a cargo de la Provincia.
Hasta ahora, la legislación establecía que el Estado debía gestionar la eximición de gastos por servicios para estas entidades. La nueva norma fija un procedimiento concreto: los prestadores emitirán las facturas para que sean abonadas directamente por la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y con fondos de Rentas Generales. Los cuarteles no tendrán que pagar primero y pedir después un reintegro.
Reynoso señaló durante el debate que en Río Negro hay al menos 40 asociaciones de bomberos voluntarios. Remarcó que sus integrantes trabajan diariamente en la protección de las personas y sus bienes, y presentó la medida como un reconocimiento a esa tarea.
El beneficio comprende los consumos de los inmuebles e instalaciones utilizados para la actividad bomberil e institucional. No se extenderá a actividades comerciales, sociales o recreativas que puedan realizar las entidades.
La ley contempla, además, un registro actualizado de las asociaciones y los suministros alcanzados. Si se demora el pago por un trámite provincial, el prestador no podrá cortar o limitar el servicio ni cobrarle intereses o recargos al cuartel.
