(NOTI-RIO) Con fuertes criticas, con pedidos de restructuración de algunas partidas y la solicitud de una necesaria reducción en la planta política, el Concejo Deliberante de Río Colorado, no aprobó el presupuesto para el 2015 presentado por el Poder Ejecutivo.
En una sesión extraordinaria y con la presencia de varios secretarios municipales, el miércoles a la noche en un extenso debate los ediles con votación dividida determinaron volver en el mes de febrero a analizarlo y aprobarlo antes de la apertura de la última sesión de la gestión Carlos Pilotti.
La modificación de la ordenanza fiscal que autorizaron la semana pasada, el aumento del 29%, obligó a modificar el proyecto original y reducir unos 400 mil pesos.
Los Concejales Oficialistas Fabián Inalaf, Diego Acuña y Alicia Franco, buscaron convencer al resto del cuerpo, realizando importantes modificaciones al proyecto, aunque todo fracasó sobre el final con la opinión del ex intendente y presidente del deliberante Sigifredo Ibañez, que fue acompñado por el bloque del Radicalismo.
Con esta determinación la actual administración por primera vez tendrá que comenzar a trabajar con el presupuesto prorrogado del actual año.
Según redactaron los distintos informes señalan que: En general se observa que el presupuesto que se propone no cumple con el requisito de ser analítico (Artículo 132 de la Carta Orgánica Municipal). Esto quiere decir que no se encuentran suficientemente detallados algunos conceptos de forma tal que se comprenda con claridad y precisión qué incluyen, siendo estos demasiado abarcativos y generando razonables dudas sobre lo que abarcan, lo cual dificulta el estudio del proyecto. (por ej. “Locaciones de Servicios”).
En el apartado “Ingresos / Ingresos de otras jurisdicciones / Aportes no reintegrables” se ha incluido lo correspondiente al Plan 104 Viviendas (actualmente en ejecución y en circunstancias llamativas por el cobro del valor de los terrenos a los vecinos, cuando han sido cedidos por el Obispado de Viedma a cambio de la construcción de un SUN del cual no existen noticias, y además llevando la cuota a valores muy altos).
Preocupa el volumen desmesurado de la masa salarial, especialmente de la masa salarial que corresponde al personal de Planta Política ($8.003.215,04).
Alarma la cantidad desmedida de gastos que se observan en el apartado “Erogaciones / Servicios / Servicios Varios” y responden a costas judiciales, un concepto definido como “otros gastos judiciales” y honorarios ($5.381.171,62). Y se observan datos que desconciertan totalmente como que el Tribunal de Cuentas Municipal cuente con una partida para honorarios por un monto muy grande ($320.000) cuando solo tiene un asesor contable y presenta grandes atrasos en su tarea. Cabría preguntarse qué tiene se servicio esto.
Se siguen observando datos curiosos como por ejemplo en el apartado “Erogaciones / Servicios / Alquileres” que se destinan $150.000 al alquiler de inmuebles o $20.000 al alquiler de fotocopiadora.
Se considera que existen prioridades desordenadas ya que en el apartado “Erogaciones / Transferencias corrientes” se observa que mientras se destinan $140.000 al Canal Comunitario se destina menos a Instituciones y actividades deportivas y culturales ($100.000 y $75.000 respectivamente) Instituciones Comunitarias ($20.000) o Cooperativas de Trabajo ($20.000).
Teniendo en cuenta el volumen de gastos visto, no se entiende como puede ser que se destinen $407.200 a Becas de Estudio o $205.04086 para rehabilitación y capacitación de personas con capacidades diferentes, cuando existen tantos gastos que pueden achicarse para aumentar estos.
CONCLUSIONES
El proyecto no brinda la información necesaria para analizar los gastos municipales
Existen gastos en dietas y retribuciones de funcionarios políticos – gastos, costas y honorarios judiciales – prensa y propaganda entre otros que no condicen con la realidad económica de la Municipalidad y reflejan falta de criterio para otorgar prioridades. Dichos gastos deben revisarse detalladamente y disminuirse de forma urgente.
Existen asignaciones de recursos como becas y aportes para instituciones que trabajan con personas con discapacidad que resultan insuficientes, más aun teniendo en cuenta otras asignaciones de recursos exorbitantes. Estas partidas deben incrementarse.