La Legislatura aprobó una modificación a la Ley Provincial de Ejecución Penal que limita el acceso a salidas transitorias y otros beneficios para autores de homicidios, abusos sexuales, secuestros extorsivos y otros delitos de extrema gravedad.
La norma establece restricciones para el acceso a beneficios penitenciarios por parte de personas condenadas por delitos de extrema gravedad, incorporando criterios ya vigentes en la legislación nacional.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, y tuvo como miembro informante a Pica, quien explicó que la reforma busca adecuar la normativa provincial a las modificaciones introducidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y fortalecer la protección de la sociedad frente a delitos de alto impacto.
La nueva norma incorpora un régimen de excepcionalidad para el acceso a los beneficios comprendidos en el denominado período de prueba, limitando la posibilidad de acceder a salidas transitorias, prisión discontinua, semidetención, libertad asistida y otros mecanismos de libertad anticipada para quienes hayan sido condenados por determinados delitos.
Entre los delitos alcanzados por estas restricciones se encuentran el homicidio simple y agravado, los delitos contra la integridad sexual, el robo agravado, el homicidio en ocasión de robo, la tortura seguida de muerte y el secuestro extorsivo cuando hubiera ocasionado el fallecimiento de la víctima.
Durante el debate, Pica sostuvo que la iniciativa toma como referencia las reformas incorporadas por la Ley Nacional Nº 27.375 a la Ley de Ejecución Penal y recordó que recientes fallos de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la constitucionalidad de establecer restricciones a determinados beneficios penitenciarios en función de la gravedad de los delitos cometidos.
La norma incorpora además un capítulo de “Excepciones a los beneficios acordados en el período de prueba”, donde se enumeran los delitos alcanzados y se establecen los criterios que deberán considerar los jueces de ejecución al momento de resolver sobre eventuales beneficios.
Asimismo, crea un régimen preparatorio para la liberación destinado a los condenados por los delitos comprendidos en estas restricciones. El mismo deberá implementarse mediante programas individuales específicos orientados a garantizar la progresividad del tratamiento penitenciario y favorecer la reinserción social.
El legislador Santiago Ibarrolaza adelantó el acompañamiento a la iniciativa y destacó que la reforma aporta mayor seguridad jurídica al sistema de ejecución penal. Consideró que la norma contribuye a fijar criterios claros respecto de la concesión de beneficios penitenciarios y sostuvo que la política debe asumir el desafío de responder a una realidad marcada por la inseguridad y la demanda social de mayor protección para los ciudadanos.
Desde Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé también acompañó el proyecto, aunque planteó la necesidad de profundizar el debate sobre la situación del sistema penitenciario provincial. Señaló la importancia de avanzar en infraestructura carcelaria, mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario y fortalecer los equipos técnicos encargados del seguimiento y tratamiento de las personas privadas de libertad.
Por su parte, Ofelia Stupenengo afirmó que la iniciativa responde a un reclamo legítimo de las víctimas y de la sociedad. Sostuvo que el proyecto establece límites razonables para delitos de extrema gravedad y remarcó que la finalidad de la pena no sólo debe orientarse a la reinserción social, sino también a la protección de la comunidad.
El cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien destacó las inversiones que la Provincia viene realizando para fortalecer el sistema de seguridad y penitenciario. En ese sentido, informó que actualmente existen 1.404 personas alojadas en establecimientos penales y 174 detenidos en comisarías, y recordó que se encuentran en marcha obras y procesos de ampliación de infraestructura penitenciaria en distintas localidades de la provincia.
López también destacó la inversión superior a los 12 millones de dólares destinada a la modernización del sistema de emergencias 911, incluyendo nuevas herramientas de monitoreo, videovigilancia e inteligencia artificial, y sostuvo que la Legislatura ha venido otorgando herramientas normativas para fortalecer la prevención del delito y garantizar mayor seguridad a los vecinos rionegrinos.