El Gobierno avanzó ayer con su propuesta de ajuste fiscal con las provincias, en el marco del acuerdo con el FMI que obliga a llevar el rojo del sector público al 1,3% del PBI el año que viene. El ejecutivo pretende hacer un recorte de $300.000 millones y de esa parte a los gobernadores les tocaría un tercio, si se sigue el criterio de la coparticipación de impuestos como planteó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne junto a su par de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión celebrada ayer.
De esta manera, a la casa Rosada le tocaría reducir el 66,7% de los gastos planteados, equivalente a unos $200.000 millones, en tanto los distritos deberán hacerse cargo de achicar sus desembolsos en $100.000 millones ó el 33,3% del total. Luego, la repartida entre las distintas jurisdicciones se regirá en base a los coeficientes utilizados en la distribución primaria de los recursos tributarios.
Por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires se la contabiliza con un porcentaje del 5,2, por lo que en 2019 recibirá unos $5.000 millones menos de parte de la Nación. En tanto, a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le tocará achicarse en cerca de $20.000 millones.
Tras la cumbre de ayer con los ministros de economía gobernadas por el oficialismo (Corrientes, Buenos Aires, Ciudad, Jujuy, y Mendoza), Dujovne y Frigerio irán recibiendo en tandas a los representantes de los distritos opositores. Hoy será el turno de Córdoba, Tierra del Fuego, San Juan, Chaco, Salta, Neuquén, Misiones y Río Negro.
Fuentes que estuvieron presentes evitaron dar mayores precisiones respecto a los montos conversados, aunque pidieron “que no se vea sólo el gasto sino también quién genera los recursos”. “Buenos Aires y la Ciudad generan el 60%, 65% y en cambio retiran el 25%, hay que ver toda la película”, se quejó un representante del área metropolitana.
En ese sentido, otro punto de la discusión con las provincias es el traspaso de AySA, Edenor y Edesur a la órbita del AMBA, una propuesta que no será fácil de llevar adelante ya que, en el caso de la empresa que brinda servicio de agua potable y cloaca, tiene un préstamo internacional por u$s500 millones y no se puede cambiar la jurisdicción, al mismo tiempo que el 10% de la compañía pertenece a los empleados y el titular del gremio, José Luis Lingeri, se opone al traslado.
En cuanto a la magnitud del ajuste, de acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), no debería llegar a $300.000 millones sino que alcanzaría con un recorte de $150.000 millones e incluso podría llegar a $100.000 millones si se frena la baja de impuestos como propuso el FMI.
“Los $300.000 millones contemplan los aumentos por ley de jubilaciones y AUH”, repusieron desde el Gobierno.
Macri prometió bajar la inflación 10 puntos en 2019 y rechazó una suba de las retenciones
La convocatoria a la prensa con tanta anticipación suponía la posibilidad de algún anuncio. Mauricio Macri no sólo no anticipó futuras medidas sino que tampoco dio precisiones de los pasos a seguir del Gobierno.
Durante los 40 minutos que contestó las preguntas de los periodistas en la Quinta de Olivos, el Presidente evadió dar definiciones concretas sobre cómo hará para bajar la inflación, pero prometió que el año próximo la baja será de 10%, como lo acordó con el FMI.
El líder de Cambiemos volvió a apelar al uso del término meteorológico para analizar la crisis económica. Otra vez habló de “la tormenta que estamos atravesando”, pero aclaró que “hemos sabido arriar las velas”. Prometió que “no va a derivar en una crisis similar a las del pasado”, al hacer referencia al 2001.
La última conferencia de prensa de Macri había sido el 16 de mayo también en Olivos y en un contexto de crisis cambiaria. Ahora buscó “enfrentar” los datos de la inflación que se espera por sobre el 30 por ciento este año, el doble de lo previsto por el Gobierno. Pese a que reconoce la crisis, el Presidente ratificó que seguirá con el mismo rumbo económico, aunque confirmó que “el crecimiento va a disminuir”. “Creo que estamos haciendo el esfuerzo correcto” y “veo un mejor futuro”, fueron algunas de las frases con las que Macri trató de llevar tranquilidad de la población.
Otro de los temas planteados – sin respuestas concretas- fue el de los aumentos de las tarifas y el golpe al bolsillo del trabajador. “Cada sector irá acomodando los salarios teniendo en cuenta el aumento de la canasta y del consumo”, afirmó el mandatario. Al mismo tiempo reconoció que no habrá modificaciones con las subas de los servicios públicos. “Lamentablemente vamos a tener que pagar los servicios lo que valen porque nos estábamos quedando sin energía y sin infraestructura”, agregó. Sumó el tono de humor cuando recordó que con los memes que lo cargan están “aprendiendo a consumir menos”.
En un tramo de la conferencia, Macri volvió a defender la baja en las retenciones al campo y ratificó el esquema, pese a que el FMI había recomendado revertirlo. “No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que genere futuro, lo destruye”, explicó al mantenerse firme en su postura.
El Presidente tuvo que responder a las denuncias de los aportantes truchos en la campaña bonaerense. “Siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña y seguiremos aportando todo a la Justicia como corresponde, haciendo una auditoría”, justificó. Enseguida intentó apagar el tema cuando planteó avanzar con una ley de financiamiento de la política para bancarizar los aportes durante la campaña.
El detrás de escena
Con normas de seguridad que excedieron a otras ocasiones, la Quinta de Olivos se vio blindada por fuerzas policiales y personal de civil. Los controles fueron más estrictos para el ingreso de la prensa. Todo tenía una razón. Los despedidos de la agenda estatal Télam, acompañados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) protestaron bajo la lluvia sobre una de las calles laterales con banderas y bombos en reclamo por la reincorporación de los 357 despedidos. “Las autoridades de Télam decidieron que había una superpoblación de gente”, justificó Macri cuando fue consultado sobre el conflicto.
Los cerca de 70 periodistas acreditados organizaron el tradicional sorteo para realizar las preguntas en la sala de prensa ubicada a doscientos metros del casco principal de la quinta. En los 10 “papelitos” salieron beneficiados casi todos medios opositores.
Una vez ubicados en la sala de conferencias, la primera fila quedó ocupada por funcionarios nacionales, entre ellos, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el vicejefe Mario Quintana. La primera dama, Juliana Awada, siguió de pie los detalles de la conferencia.