Por Belén Galfrascoli: El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras trae luz sobre el constante ataque
del régimen capitalista hacia las mayorías populares. El ajuste que aplica el gobierno
golpea, fundamentalmente, a las mujeres que somos el 70 % de la población
indigente de la Argentina.
Abandonando las históricas asambleas que motorizaron las luchas de la marea
verde y el #NiUnaMenos los partidos patronales, con el FdT a la cabeza, pretenden
que abandonemos las calles haciéndonos creer que la creación de Ministerios de
cartón, que han demostrado ser una herramienta inocua para resolver los problemas
reales que atravesamos las mujeres y diversidades, podrían dar respuesta a la grave
situación.
La pandemia agudizó la violencia y la miseria, particularmente, de las mujeres
trabajadoras. El ínfimo presupuesto con el que contó el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad en 2021 fue subejecutado, cerrando en Diciembre solo con un
53 %. Las soluciones parciales (subsidios por 6 meses a las mujeres pobres que
sufren violencia) nada han hecho para romper de fondo con el hambre, la miseria y
la impunidad.
El Estado fracasa porque su orientación de fondo no es cuidar a las mujeres y
diversidades y promover una sociedad más justa, sino el cumplimiento con el FMI y
el pago de la deuda, cuidando intereses capitalistas ajenos a la realidad de las
mujeres.
En lo poco que va del año ya se produjeron más de 45 femicidios en el país (según
el Obervatorio Lucía Pérez) dando cuenta de la dramática situación. La desidia de la
justicia es más que notoria, lo evidenciamos en el caso de Lucía Salvaterra,
compañera del Polo de San Antonio Oeste, quien luego de obtener una medida que
sentó precedente en la provincia de Río Negro, como lo fue el traslado de la custodia
policial personal al victimario, en lugar de ser la víctima quien cuente con ella
(https://prensaobrera.com/mujer/rio-negro-el-caso-de-lucia-sienta-precedenteestableciendo-la-custodia-al-victimario/) vio vencer el plazo por el cual se establecía
la misma, quedando en un total desamparo que la expone a la tensión y al miedo
constante a ella y a su familia. Nada hacen los Consejos de las Mujeres, ni los
organismos que desde sus escritorios dejan en total indefensión a las víctimas que
cansadas de transitar sus oficinas se encuentran sin una protección y
acompañamiento real y efectivo.
No es muy distinta la situación en el resto de la provincia donde las demandas
planteadas por el movimiento de mujeres son ignoradas como por ejemplo los
pedidos en General Conesa mediante petitorios de Casas Refugio, implementación
de la ESI, Capacitación con perspectiva de género a los medios, entre otros puntos
que fueron presentados a las autoridades locales en varias oportunidades.
La falta de acompañamiento a las víctimas y a sus familias se ve reflejada, por
ejemplo, en el hecho de que la familia de Otoño Uriarte deba lanzar una campaña
para juntar fondos que le permitan pagarle a un perito para reactivar la causa, lo
cual desnuda la total ineficiencia de la justicia, junto con otros eslabones del Estado,
responsables de que se perpetúe la violencia. Posiciones contrarias a los derechos
de las mujeres y diversidades avanzan en el campo judicial sin que las
autoproclamadas defensoras de las mujeres hagan nada.
La creciente injerencia de las Iglesias y su estrecha relación con la política queda
plasmada en la entrega, por parte de Arabela Carreras y algunos intendentes, de
tierras a pastores evangélicos, lo cual nos debe poner en alerta frente a esta alianza
que está más firme que nunca y que tiende a monopolizar la educación, la salud, el
poder judicial y la asistencia social en las barriadas de todo el país.
Este nuevo 8 de marzo pongamos en pie movilizaciones en todo el mundo que
destaquen el protagonismo de nuestros movimientos y las enormes oportunidades
que presenta, diciendo NO al pacto ajustador del FMI. Desde nuestras asambleas
denunciemos y combatamos la demagogia oficialista respecto de una supuesta
“reforma judicial feminista” que no ha sido más que un slogan para encubrir la
asociación perversa entre el poder político y una justicia clasista, corrupta y
machista.
Exijamos la creación de un fuero único para recibir e investigar las denuncias por
violencia de género y la elección por voto popular de jueces y fiscales, con mandato
revocable, el Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, organizado de manera
independiente de los gobiernos y de las iglesias, electo y con presupuesto estatal,
para un verdadero abordaje de las denuncias del movimiento de mujeres y la
Implementación de la ESI.