Los gastos reservados de legisladores y funcionarios del Poder Legislativo provincial sufrieron ayer un duro golpe.
Un fallo del Tribunal de Cuentas de Río Negro deja a las claras una metodología de pagos realizados en aparente ilegalidad. Si bien la resolución se refiere a tres meses de 2011, la práctica habitual de ese tipo de pagos sin rendición ni justificación se remontaría al año 2003 y seguiría manteniendo vigencia en la actualidad, con gastos que rondarían los $ 930.000 mensuales.
El Tribunal emitió el fallo 18/2014, en el cual no aprobó unos 120 expedientes de fondos que no cumplen con los requisitos que debería tener el manejo del dinero público: no especifican a qué uso concreto están destinados y no exigen rendición de cuentas por parte del destinatario.
Se trata de dinero que se entregaba a los presidentes de los bloques legislativos, en un cheque, quienes disponían de ellos sin informar si lo distribuían, a quiénes y para qué fin.
El Tribunal señaló las similitudes con su propio dictamen en el caso conocido como de “sobresueldos” en el Poder Ejecutivo. Ese tema surgió a la luz con gran escándalo al finalizar el gobierno del radical Miguel Saiz, luego de que “Río Negro” publicara evidencias del pago de sobresueldos a los entonces ministros y a varios funcionarios de designación política. Esos pagos se realizaban por cheque o en efectivo y no debían ser rendidos ni justificado su uso.
En el caso de las partidas que ahora objeta el Tribunal de Cuentas, la anormalidad sería mayor: a diferencia de aquel viso de legalidad que el Ejecutivo pretendía con un aval del Contador General y del fiscal de Estado, los gastos reservados en la Legislatura no tendrían dictamen previo de la asesoría legal ni posibilidad de ser controlados luego por el Tribunal de Cuentas al no requerir comprobantes ni rendición alguna.
Presuntas responsabilidades sobre esta partida –identificada en el nomenclador como “Bienes y servicios sin discriminar, sin cargo de rendición”, que correspondería a partidas de “Gastos Reservados” pero también a otras como “Alquileres” y “Viáticos”, podrían recaer en los vicegobernadores que firmaron los pagos Mendioroz, Weretilneck y posteriormente el fallecido Peralta– y los presidentes de todos los bloques legislativos de los últimos años.
El fallo fue emitido ayer por el Tribunal de Cuentas integrado por sus titulares –Juan Huentelaf y Erika Acosta– y completado por Carolina Albertini, quien actuó subrogando la tercer vocalía, vacante desde la renuncia de Mario Sabatella. Albertini se abstuvo de votar, ante la coincidencia de sus pares.
El fallo conocido ayer obedece al análisis de la cuenta de gastos legislativos correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2011, los últimos tres de la gestión radical, cuando Bautista Mendioroz presidía la Legislatura. Desde entonces, varios informes preliminares tramitaron con objeciones a una partida de gastos, que se remitieron a Carlos Peralta, presidente de la Legislatura desde enero de 2012.
La mecánica administrativa que detectó el Tribunal fue que se generaba un expediente a partir de la nota de cada presidente de bloque al presidente de la Legislatura, se hacía la reserva presupuestaria, se elaboraba el proyecto de resolución y el compromiso de pago, se emitía la resolución especificando que era un gasto “sin cargo de rendición” por parte del solicitante, y se libraba la orden de pago.
El solicitante –generalmente presidente de alguno de los bloques– firmaba un recibo de la Tesorería de la Legislatura, y eso es lo último que aparece en el expediente: ni rendición del gasto ni justificación ninguna. Se entiende que el pago se hacía mediante cheque a cobrar por el portador solicitante.
Si bien el fallo del Tribunal de Cuentas se limita a desaprobar un gasto puntual, su importancia radica en que pone de manifiesto una mecánica de pagos injustificados y sin rendición, que legisladores de todos los bloques y partidos políticos han procurado mantener en secreto desde hace años, e incluso décadas.