El exgobernador mendocino y expresidente Julio Cobos cuestionó a La Pampa. Dijo que el artículo que incluyó el diputado peronista Sergio Ziliotto en el proyecto de Presupuesto 2017, que obliga a consultar por obras en ríos a todas las provincias afectadas, no debería en el Senado porque es inconstitucional.
El radical Cobos escribió una columna en el sitio web Parlamentario, titulada “Nada puede frenar a Portezuelo”. Lo hizo en medio de una nueva pelea entre La Pampa y Mendoza por los ríos.
Ahora está en el centro del debate la represa Portezuelo. Nuestra provincia no se opone, pero pretende que Mendoza haga un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca.
Mendoza, sin embargo, solo quiere presentar un estudio sobre el impacto que tendrá en el sur mendocino. Por eso, el gobernador Carlos Verna se retiró, ofuscado, de la última reunión del Consejo de Gobierno del Coirco, cuando se iba a tratar el tema.
Cobos, en su artículo, recordó que en oportunidad del tratamiento del Presupuesto Nacional en Diputados, se incorporó un artículo que no estaba en el texto original enviado por el Ejecutivo. “Con el mismo, se pretende limitar a las provincias el desarrollo de infraestructura hidro-energética en los cursos de agua”, lanzó el exvicepresidente.
El artículo 83 en cuestión, sostuvo, “pretende condicionar el proceso de contratación” de las obras a la “expresa aprobación por parte del Comité de Cuenca Hídrica respectivo o, si aún no se ha constituido, de cada uno de los gobiernos condóminos, según lo previsto en la ley 25.688- Régimen de Gestión Ambiental de Agua”.
Dijo que es inconstitucional. “En primer lugar, este artículo no trata de materia presupuestaria sino que pretende modificar la legislación de fondo. Es decir, introduce –vía presupuesto– una cuestión que no está prevista en la legislación sustancial, lo que se encuentra vedado por el artículo 20 de la ley de Administración Financiera, que prohíbe que las normas del presupuesto reformen o deroguen leyes vigentes”, dijo.
“En segundo término, este artículo pretende hacer decir a una ley (la 25.688) lo que no dice. Ésta ley, que fija los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, establece que para utilizar las aguas en el caso de cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de cuenca correspondiente. De ninguna manera dice que deba pedirse autorización a cada uno de los gobiernos condóminos cuando no haya cuenca constituida. Tampoco dice que para iniciar los procesos de contratación tiene que existir la expresa aprobación del Comité de Cuenca, sino que refiere a dicha aprobación en relación a la utilización de las aguas cuando exista impacto ambiental”, manifestó.
“En tercer lugar, nos encontramos frente a una norma inconstitucional que lesiona el régimen federal, porque el dominio originario de los recursos naturales existentes en el territorio de las provincias, la exploración de sus ríos navegables y los vínculos de éstas entre sí en relación a los mismos, es una facultad propia de los Estados locales, conforme a lo que establece la Constitución Nacional. El Estado Nacional, a través del Congreso, no puede modificar acuerdos sellados entre las provincias, relativos a bienes que pertenecen a los Estados locales”, agregó Cobos.
Sostuvo que Mendoza no tiene qué acordar, solo tiene que informar. “Por otra parte, atenta contra el derecho fluvial internacional e instrumentos internacionales sobre medio ambiente, que prevén el deber de información o de consulta de un estado a otro, pero no la conformidad expresa de las distintas jurisdicciones cuando se trata de realizar una obra sobre un recurso compartido entre Estados”, interpretó.
“Por lo anterior es que entendemos que de aprobarse la ley de presupuesto en el Senado tal cual vino de Diputados, el Poder Ejecutivo deberá vetar ese artículo”, dijo.
Sostuvo que “los derechos de Mendoza a Portezuelo del Viento se encuentran consagrados” en las leyes de fondo. “Concretamente, la Ley 21.611 –que aprueba el acuerdo celebrado en el año 1976 entre Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro en oportunidad de la VI Conferencia de Gobernadores del Río Colorado, y crea el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO)– le da a nuestra provincia un derecho a una cuota de las aguas del Río Colorado (34 m3 por segundo) para derivar a la cuenca del Río Atuel, debiendo el COIRCO coordinar dichas obras con las de trasvase de parte de las aguas del Río Negro al Río Colorado, y también fiscalizar su ejecución”, dijo.
“Asimismo, estos derechos quedaron consagrados a través del acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y el Estado Nacional, en el marco del juicio en el que Mendoza demandó la restitución de la cuota de coparticipación de impuestos nacionales correspondientes al Estado provincial con sustento en la inconstitucionalidad del régimen de promoción industrial, y por el cual el Estado Nacional se comprometió expresamente a financiar Portezuelo del Viento”, manifestó.
“Además, el acta firmada por cuatro de los cinco gobernadores del COIRCO en la reunión celebrada el pasado 9 de noviembre, permite al gobierno mendocino avanzar con el proceso y licitar la obra”, interpretó. En rigor, La Pampa se retiró antes de votar, por lo que no firmó y así no habría quórum (el Estatuto del Coirco indica que habrá quórum con todas las provincias presentes”.
Lezcano y Portezuelo: “Cornejo mintió”
El diputado provincial Jorge Lezcano (PJ La Pampa) acusó al mandatario mendocino Alfredo Cornejo de “mentiroso” y que busca consolidar su espacio político personal ante una sucesión de derrotas institucionales para Mendoza. Fue en el marco de la pelea entre La Pampa y Mendoza por Portezuelo del Viento.
“En medios mendocinos el gobernador Cornejo hizo una serie de manifestaciones que lo dejaron expuesto como un mentiroso”, sostuvo Lezcano y agregó: “Definió (Alfredo Cornejo) la pasada reunión del Consejo de Gobierno del COIRCO como un ‘gran triunfo diplomático’, por haber logrado el aval de todas las provincias excepto La Pampa y, desde el gobierno mendocino, indicaron: ‘el balance es altamente positivo, porque se logró el apoyo de todos los miembros, lo que representa una importante victoria política'”.
Lezcano dijo que desde el gobierno mendocino también se informó que el manejo de toda la jurisdicción de Portezuelo del Viento le corresponde a la provincia lo que es considerado otro triunfo para la administración provincial.
“Después de haber rescatado y analizado estas expresiones se denudan los manejos sensacionalistas que pretende, el Gobierno mendocino, para forzar un rédito político que por vías institucionales y legales le es absolutamente esquivo”, replicó el diputado pampeano.
“En principio, no se puede hablar de un ‘triunfo diplomático ni político’ porque al retirarse el gobernador pampeano de la reunión citada dejó a esta sin quórum, tan es así, que ni siquiera se pudo oficializar la firma de un acta según el testimonio de la escribanía provincial después de haberse constituido en la sede de COIRCO en Bahía Blanca”, explicó.
Y agregó: “A esto lo ratifica (Rogelio) Frigerio -ministro del Interior- cuando por la solicitud del gobernador Verna, que indica que en su presencia no se tomó ninguna decisión y al retirarse la reunión quedó sin quórum, por estatuto él decide llamar a una segunda reunión. Aquí se refleja el éxito estratégico, usado como herramienta política al momento de decidir abandonar el cónclave pasado”.
“Esto da por tierra, no solo las mentiras de Cornejo sino también cualquier negociado o extorsión que pudiera haberse intentado usando a La Pampa para una nueva fiesta mendocina con el río a su total disposición, y sin reparar en los derechos humanos esenciales sobre el agua ni en la catástrofe ambiental a la que seríamos sometidos considerando la pérdida del Colorado como tercer río robado”, expresó Lezcano.
“El caso concreto es que Verna, con el apoyo de todos los legisladores y el pueblo pampeano (expresado hasta el día de hoy en la Cámara) les ‘pinchó el globo’ y dejó supeditado a los canales institucionales las resoluciones que deben tomarse para la administración de los recursos hídricos, sobre los que tenemos pleno derecho, a partir de una decisión política firme que define que la única herramienta para solucionar el conflicto es la constitución de los comités de cuenca que correspondan en cada caso”, concluyó el diputado del PJ.