Ayer por la tarde, un grupo de sindicalistas de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) protagonizó un violento episodio en Viedma que fue repudiado enérgicamente por el gobierno provincial. Fueron acusados que los manifestantes rompieron vidrios y empapelaron los frentes del edificio del Consejo Provincial de Educación y de la sede central del Ministerio de Educación. El incidente incluyó la toma de los inmuebles y el encierro de los trabajadores durante varias horas, lo que derivó en una causa judicial por privación ilegítima de la libertad.
El hecho ocurrió cerca de las 13 horas cuando Héctor Kucich, un funcionario de 36 años, denunció que fue retenido en su oficina en el edificio del Ministerio de Educación, ubicado en la calle Roca 260. Según su declaración, los sindicalistas bloquearon la salida y lo mantuvieron encerrado por varias horas, impidiéndole abandonar su lugar de trabajo. Además, en el Consejo Provincial, situado en la calle Álvaro Barros, los manifestantes rompieron vidrios e impidieron que otros empleados pudieran salir de sus oficinas.
El gobierno provincial, a través de un comunicado de prensa de cuatro párrafos, condenó enérgicamente los hechos y manifestó su preocupación por la integridad física de los trabajadores, quienes se vieron obligados a abandonar las instalaciones más tarde de lo habitual por temor a posibles agresiones.
Antecedentes de violencia sindical
Este episodio de violencia trae a la memoria un hecho similar ocurrido en septiembre de 2016, cuando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó el edificio de Desarrollo Social en la calle Las Heras, también en Viedma. En aquella ocasión, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen fue retenida durante media hora por los manifestantes, quienes ejercieron violencia física y verbal en su contra. Dos años después, los dirigentes gremiales Rodolfo Aguiar y Rosa Ñanco fueron acusados y, tras reconocer su responsabilidad, solicitaron disculpas públicas. Ambos se sometieron a una probation, lo que extinguió la acción penal en su contra.
Repercusiones legales
En el caso reciente, la causa quedó en manos de la fiscal Mariana Giammona, quien ya comenzó a investigar los hechos. Sin embargo, se anticipa que el proceso judicial será largo y complicado, con posibles sanciones que podrían terminar en un acuerdo de probation, tal como ocurrió en el caso de ATE. Si los responsables no son identificados o no reconocen su autoría, serán los representantes gremiales quienes deberán responder ante la justicia.
La situación ha generado preocupación tanto en el ámbito político como entre los trabajadores afectados, quienes temen que este tipo de manifestaciones violentas se repitan en el futuro. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas más contundentes por parte de las autoridades educativas, que hasta ahora solo se han limitado a emitir un escueto comunicado.
UNTER desmintió “categóricamente” las acusaciones de violencia en las protestas
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) desmintió categóricamente haber protagonizado hechos de violencia durante las manifestaciones realizadas este lunes frente al Ministerio de Educación y la Vocalía del Consejo Provincial de Educación en Viedma. Según el comunicado emitido, el gremio negó haber agredido a otros trabajadores o causado disturbios en los lugares de protesta.
UnTER explicó que la rotura de un vidrio en la puerta de la Vocalía fue accidental, y ocurrió cuando personal de seguridad intentó impedir el ingreso de sus miembros al edificio. El daño, aseguró el gremio, fue reparado de inmediato. Además, destacó que la Policía que se encontraba en el lugar confirmó que no se produjeron hechos violentos.
En su desmentida, el gremio reafirmó su rechazo al sistema de auditorías médicas contratado por el Gobierno provincial. Señaló que no se opone al control de licencias, pero cuestiona el procedimiento automatizado implementado, el cual calificaron de incompatible con el actual Sistema de Juntas Médicas. También manifestaron su preocupación sobre la empresa Dienst Consulting S.A., responsable de las auditorías, solicitando mayor transparencia en el proceso de contratación y en la identificación de los profesionales involucrados.
Pedido de información sobre Dienst
El Consejo Directivo Central de UNTER envió una carta documento a la Secretaría de la Función Pública, exigiendo información sobre la contratación de Dienst Consulting. Entre los detalles solicitados, se encuentran las razones legales para recurrir a una empresa privada y las garantías de resguardo de la información sensible de los trabajadores estatales.
En el escrito se solicitan a la secretaria Tania Lastra precisiones respecto del procedimiento y las condiciones concretas de la contratación, las facultades asignadas a la empresa privada contratada, las garantías de cumplimiento del contrato y del resguardo de la información y los datos sensibles de los agentes estatales de los que dispondrá.
UnTER también subrayó la importancia de que los médicos que participen en las auditorías cuenten con matrícula profesional habilitada en la provincia, de acuerdo con las normativas vigentes.
