(NOTI-RIO) Río Negro y La Pampa se encuentran entre las provincias más afectadas por la distribución de transferencias no automáticas del Gobierno nacional durante el primer semestre de 2025. La falta de equidad en el reparto de estos recursos compromete servicios esenciales como salud, educación y seguridad social, y pone en evidencia una tendencia centralista que favorece de manera desproporcionada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según un informe reciente de la consultora Politikon Chaco, en junio La Pampa recibió apenas 209 millones de pesos, ubicándose entre las tres jurisdicciones con menor asignación junto a Jujuy y San Luis. En ese mismo mes, Río Negro apenas alcanzó los 239 millones de pesos, quedando también en los últimos puestos del ranking nacional. En contraste, CABA fue beneficiada con más de 153 mil millones de pesos, cifra que equivale a más de 350 veces lo otorgado a La Pampa y más de 600 veces lo recibido por Río Negro.
El informe subraya que en junio se ejecutaron transferencias no automáticas por un total de casi 294 mil millones de pesos. Aunque esto representa un aumento del 142 por ciento respecto de junio del año anterior, si se excluye el impacto de un fallo judicial que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento real se reduce a solo un 30 por ciento. Comparado con junio de 2023, el retroceso llega al 76 por ciento en términos constantes.
Entre enero y junio, La Pampa acumuló apenas 1609 millones de pesos, lo que representa solo el 0,1 por ciento del total nacional y la ubica en el último lugar. Río Negro, aunque con algunas partidas mayores durante el verano, también se ha mantenido entre las provincias con menor asistencia. En mayo, directamente no recibió adelantos del Tesoro Nacional, a pesar de tratarse del mes de mayor reparto general del año.
Mientras tanto, otras provincias como Neuquén y Santa Cruz han sido destinatarias prioritarias de los fondos discrecionales, con asignaciones que superan ampliamente a las de sus vecinas patagónicas. Neuquén recibió en los primeros cinco meses del año más de 24 mil millones de pesos, y Santa Cruz más de 16 mil millones, lo que genera un fuerte contraste en el interior de la región.
El sesgo centralista se refleja en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró el 52 por ciento de todos los fondos distribuidos, mientras que las 23 provincias restantes debieron repartirse el 48 por ciento restante. Aunque se las denomina transferencias discrecionales, muchas de estas partidas están regidas por leyes o convenios preexistentes, como los aportes para cubrir el déficit previsional de provincias que no transfirieron sus cajas al sistema nacional, como ocurre con La Pampa.
En este contexto, la falta de cumplimiento o subejecución de estos fondos impacta directamente en las capacidades de gestión de los gobiernos provinciales, afectando la planificación de obras, programas sociales y servicios básicos.
Para Río Negro y La Pampa, la desigualdad en el reparto nacional no solo refleja una situación fiscal crítica, sino también una desventaja estructural que pone en juego el funcionamiento de su aparato estatal. Frente a este escenario, las autoridades provinciales ya comenzaron a reclamar una revisión profunda de los mecanismos de asignación, con el objetivo de garantizar un federalismo fiscal más justo y sustentable.
