(NOTI-RIO) El Gobierno provincial de Río Negro informó que desde el inicio de 2024 se han aplicado 428 sanciones disciplinarias a empleados estatales por diversos incumplimientos laborales. Las medidas, que incluyen 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones, fueron adoptadas por la Secretaría de la Función Pública en el marco de la Ley Nº 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública.
“Las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores que cumplen sus tareas”, declaró la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Tipos de sanciones y motivos
Las sanciones aplicadas varían en gravedad y están directamente relacionadas con la naturaleza de las faltas cometidas:
- Apercibimientos (21): Advertencias formales aplicadas en casos de inasistencias injustificadas o incumplimiento de horarios.
- Suspensiones (350): De hasta 30 días sin goce de haberes por negligencia, inconducta o reiteración de faltas.
- Cesantías (74): Implican la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso tras cinco años, aplicadas en casos de acumulación de sanciones o abandono del servicio.
- Exoneraciones (4): La medida más grave, que supone la expulsión definitiva del servicio público. Se aplica ante delitos dolosos con pena de prisión efectiva o infracciones contra la administración.
Un proceso disciplinario riguroso
Todas las sanciones son resultado de sumarios administrativos realizados por instructores especializados, quienes investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que se presenta ante la Junta de Disciplina.
Este órgano está integrado por un presidente, dos vocales designados por el Poder Ejecutivo y dos representantes gremiales, uno por ATE y otro por UPCN. Evalúan la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados al Estado.
“La Junta Disciplinaria actúa con criterios claros, garantizando procesos justos y decisiones fundadas”, añadió Lastra.
Prevención y control como política de Estado
En paralelo a las sanciones, se iniciaron 144 nuevos sumarios administrativos y se dictaron 71 suspensiones preventivas, utilizadas cuando la permanencia del agente podría entorpecer la investigación. También se cerraron 37 expedientes con sobreseimiento de los agentes involucrados.
Los motivos más frecuentes de sanción incluyen inasistencias reiteradas, llegadas tarde, conflictos entre compañeros y, en los casos más graves, abandono del servicio o condenas penales.
“Corregir lo que está mal también es rendir cuentas a cada rionegrino y rionegrina que, con esfuerzo, paga sus impuestos para que el Estado funcione. Valorar a quienes sí cumplen es parte esencial de una administración eficiente”, subrayó Lastra.
Una señal de firmeza
Desde el Gobierno se remarcó que estas medidas forman parte de una política activa para ordenar la administración pública, proteger los recursos del Estado y fortalecer el funcionamiento del servicio.
