(NOTI-RIO) El intendente respondió con datos y acciones legales a las acusaciones de Pereyra y Birge. Mientras la oposición apunta al estilo, Moro expone la herencia: 50 empleados incorporados en los últimos 20 días del gobierno anterior, una planta sobredimensionada que la justicia anuló y un presupuesto recortado al hueso. “Se terminó la época en que difamar era gratis”, advirtió.
Había dos caminos posibles. Uno era el del tono institucional, la respuesta mesurada, el llamado al diálogo. Federico Moro eligió el otro: salir a desmentir, a exponer y a amenazar con la justicia.
El intendente de La Adela decidió que el comunicado de los concejales Carlos Pereyra y Erminda Birge, quienes tildaron su gestión de manejarse “como un patrón de estancia”, no merecía una respuesta diplomática, sino una contraofensiva con nombre, apellido y documentos.
El resultado fue una de las confrontaciones más crudas que ha vivido la política local en años. Y también, paradójicamente, una de las más reveladoras: porque al calor del intercambio, emergieron datos que el debate público en La Adela hacía tiempo que necesitaba tener sobre la mesa.
El documento de Pereyra y Birge tenía varios frentes. Denunciaban que los despidos de trabajadores municipales respondían a una “lógica de reemplazo por afinidad política” y no a criterios técnicos.
Cuestionaban el traspaso del servicio de agua y cloacas a la cooperativa CEOSPLA, que leían como una delegación de responsabilidades que el Estado debería garantizar. Y señalaban la ausencia institucional del gobierno en el Motocross Pampeano del 2 y 3 de mayo, un evento que según los concejales quedó huérfano de apoyo oficial.
También apuntaban a una contradicción que en una localidad pequeña resulta difícil de ocultar: mientras la “Emergencia Administrativa” se usaba para dar de baja a empleados de base con años de antigüedad, algunos funcionarios del nuevo gobierno acumulaban cargos docentes y políticos de forma simultánea.
“No es echar por echar, es poner orden donde había un descalabro administrativo que pagaban todos los vecinos.”
Moro eligió los micrófonos de FM Del Sur 91.1. para responder y no escatimó en calificativos, donde llamó “bufones” a los concejales y los señaló como operadores del exintendente Juan Barrionuevo. Pero detrás de la retórica encendida hubo algo que la oposición no esperaba: números concretos y una cronología que pone en contexto la situación heredada.
El gobierno saliente, según Moro, incorporó a 50 personas a planta permanente en los últimos 20 días de mandato.
La justicia terminó anulando esa maniobra a favor del actual Ejecutivo. El presupuesto con el que arrancó la nueva gestión equivale apenas al 10% de lo que manejaba la administración anterior. Y sin embargo, la municipalidad paga sueldos, presta servicios y avanza en infraestructura.
Ese es el argumento central de Moro: que gobernar en esas condiciones y aun así sostener los servicios básicos es en sí mismo un mérito que la oposición se niega a reconocer.
10% del presupuesto que manejaba la gestión anterior
50 incorporaciones a planta en los últimos 20 días del gobierno anterior
36 años consecutivos del concejal Pereyra en el mismo cargo
LA PARADOJA DE LA “CASTA”
El punto más incómodo para la oposición no es la retórica de Moro sino una paradoja que el propio intendente supo instalar con eficacia: el principal vocero de las acusaciones de nepotismo acumula 36 años ininterrumpidos en el mismo cargo legislativo.
Pereyra fue concejal bajo todos los intendentes de la historia democrática reciente del municipio. Para sus defensores, eso es memoria institucional. Para Moro, es la definición más acabada de casta.
“Eso sí que es casta, a mí me daría vergüenza”, disparó el intendente.
Y añadió un argumento que la oposición no ha podido refutar con la misma contundencia: mientras el Frejupa agita el fantasma del nepotismo, son sus propios cuadros quienes registran esposas, hijos y maridos trabajando en distintas áreas del Estado.
Moro, en cambio, asegura que no hay un solo empleado nuevo en la municipalidad, y que la única familiar que lo acompañó (su cuñada en el área de Cultura) ya renunció al término de la etapa de transición.
EL AGUA, LOS CLUBES Y LA COOPERATIVA
Sobre el traspaso del servicio de agua y cloacas a CEOSPLA, uno de los flancos que más cuestionó la oposición, Moro aportó un dato que cambia el encuadre del debate: fue el propio Barrionuevo quien originalmente planteó esa idea, pero nunca se animó a ejecutarla por “incertidumbre política”.
La gestión actual no solo la concretó sino que redujo los costos de conexión y extendió el servicio a escuelas, clubes y jardines, algo que en años de administración anterior no había ocurrido.
El argumento de Moro es que la oposición critica hoy lo que ayer prometió y nunca cumplió. Esa línea, si se sostiene con documentación, tiene potencial para erosionar la credibilidad del bloque opositor entre vecinos que recuerdan las promesas no cumplidas de la gestión anterior.
“No tengo puerta en mi despacho, no me escondo. Camino la calle, voy a la verdurería, agarro el camión regador cuando falta un chofer y no me saco fotos.” señaló el mandatario.
EL MOTOCROSS Y EL ESTILO DE GOBERNAR
La acusación sobre la ausencia en el Motocross Pampeano fue, de todas las del comunicado opositor, la que Moro desmintió con más facilidad.
Si bien las directoras de Turismo y Deportes estaban con licencia médica y de vacaciones respectivamente, el propio intendente, la viceintendenta y el secretario de Obras Públicas estuvieron presentes en el predio.
LA JUDICIALIZACIÓN COMO SEÑAL POLÍTICA
El anuncio más disruptivo de Moro no fue un insulto sino una decisión: llevará a los concejales a la justicia por difamación. “Se terminó la época en la que difamar era gratis”, sentenció.
La frase tiene un destinatario inmediato (Pereyra y Birge) pero también un mensaje para el conjunto de la dirigencia opositora provincial: las denuncias sin respaldo tendrán consecuencias.
Es una apuesta de alto riesgo. Si prospera, instala a Moro como el intendente que puso límites a la operación política de la “casta pampeana”. Si no prospera, o si la justicia determina que las denuncias tenían sustento, el costo político puede ser considerable. Por ahora, la movida tiene el efecto buscado: corrió el eje del debate desde las acusaciones hacia la validez misma de acusar.
