El Senado define hoy el futuro de las tierras rurales: qué implica para Río Negro

(NOTI-RIO) La Cámara alta debate esta tarde el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que elimina los límites vigentes desde 2011 para la compra de campos por extranjeros. El texto llega al recinto tras más de un mes de trabas internas en el oficialismo y trece borradores distintos. Si se aprueba, pasará a Diputados.

El Senado de la Nación trata este jueves, en una sesión convocada para las 12, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que reforma de manera profunda la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El oficialismo llega con los votos ajustados y reconoce que el resultado puede ser estrecho.

La negociación no fue sencilla. Bullrich debió acordar con bloques provinciales, la UCR y el PRO hasta trece versiones distintas del artículo central, incluso después de firmado el dictamen en comisión. El texto final, según pudo reconstruirse, mantiene la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales, pero habilita que empresas con participación estatal foránea lo hagan si cuentan con el aval conjunto de la provincia y de la Nación. Si ninguno de los dos objeta la operación dentro de un plazo determinado, se aplica el llamado silencio administrativo positivo: la venta queda aprobada de manera automática.

Qué cambia para las provincias patagónicas

El punto que más interesa a Río Negro y Neuquén es la eliminación lisa y llana del tope del 15% de tierra rural en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y del límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo (o su equivalente departamental). En la práctica, esto deja sin efecto los decretos provinciales que fijaban esas equivalencias, como el 1154/17 rionegrino, que establecía topes de entre 100 hectáreas en Bariloche y 15.000 en departamentos como 25 de Mayo, San Antonio o Valcheta.

Con la reforma, será cada provincia la que decida si pone límites propios y de qué magnitud. Es un cambio de fondo: hoy la Nación fija el techo y la provincia solo puede igualarlo o ser más restrictiva dentro de ese margen; con el nuevo esquema, Río Negro pasaría a tener jurisdicción plena para regular —o no regular— la venta de sus tierras a privados extranjeros.

También desaparece la prohibición de vender tierras con costas de ríos, lagos o lagunas de envergadura, una restricción pensada en 2011 para proteger el acceso al agua. Para la región, el dato no es menor: buena parte de las tierras de mayor valor productivo del Alto Valle y la Confluencia se asientan justamente sobre los valles irrigados de los ríos Negro, Neuquén, Limay y Colorado.

El antecedente que atraviesa el debate en Río Negro

La discusión llega en un momento sensible para la provincia. En mayo se conoció que el expiloto Hugo Barabucci había adquirido cerca de 20.000 hectáreas en zona de frontera, en la cordillera rionegrina, con fondos que —según su propio testimonio judicial— provinieron de una donación del jeque de Abu Dabi. El caso reabrió la discusión sobre los controles reales que existen hoy en zona de frontera, donde la ley vigente exige autorización expresa y donde, según distintas versiones periodísticas, esos controles no siempre se aplicaron con el rigor que la norma exige.

Consultado por el tema, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la provincia no tiene registrado ningún título de propiedad rural en manos de sociedades extranjeras, y remarcó que todos los titulares registrados son sociedades constituidas en el país. El mandatario recordó además que, cuando detectó irregularidades con tierras fiscales durante su primera gestión, la Legislatura las recuperó para el patrimonio provincial.

El proyecto que hoy se vota, de aprobarse, no eliminaría los controles en zona de frontera: mantiene el doble aval de provincia y Nación para esas operaciones, aunque bajo el mismo mecanismo de silencio administrativo positivo que rige para el resto del país.

Las voces críticas

Desde organizaciones como el CELS y el Observatorio de Tierras, la reforma recibió cuestionamientos de fondo. Desde el CELS se argumentó que no hay una demanda real de inversores extranjeros que justifique flexibilizar la norma, señalando que el registro de tierras creado en 2011 nunca llegó a completar el cupo del 15% habilitado. Desde el Observatorio de Tierras se calculó que los extranjeros poseen hoy alrededor del 5% de la tierra rural del país, muy por debajo del techo legal vigente, y se cuestionó particularmente la eliminación del límite por nacionalidad, que según ese análisis beneficiaría sobre todo al capital estadounidense.

El propio Gobierno nacional diferencia entre inversión privada y estatal. El vocero presidencial Adrián Ravier planteó que una cosa es un inversor privado y otra muy distinta un Estado extranjero, en defensa del capítulo que sí prohíbe la compra por parte de gobiernos extranjeros.

Qué sigue

Si el Senado le da media sanción al proyecto —lo que podría definirse en las próximas horas—, el texto pasa a Diputados para completar su trámite antes de convertirse en ley. Recién ahí, y con la reglamentación posterior, Río Negro deberá definir si sanciona su propio régimen de restricciones para la compra de tierras por extranjeros o si opta por no regular la materia, dejando el mercado abierto según el nuevo esquema nacional.

En Río Negro, el Decreto Provincial 1154/17 también fijó límites equivalentes por departamento.

Departamento Límite vigente (ha) 
General Roca 10.000 
Pichi Mahuida 10.000 
General Conesa 10.000 
Adolfo Alsina 10.000 
Ñorquinco 10.000 
Avellaneda 10.000 
25 de Mayo 15.000 
9 de Julio 15.000 
El Cuy 15.000 
Valcheta 15.000 
San Antonio 15.000 
Bariloche 100 

También en este caso esos límites quedarían sin aplicación si se elimina el artículo correspondiente de la Ley 26.737.

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