La causa por los gastos de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a esta ciudad el 25 de mayo del año pasado se reactivó. El fiscal Guillermo Lista resolvió promover la acción penal para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública en las contrataciones directas de las empresas y particulares que prestaron servicios durante esa jornada festiva.
Julián Goinhex
Las contrataciones directas ascendieron a 2.624.348,68 pesos. Y la investigación tiene como sospechosos a tres funcionarios, entre los que se encuentran el extitular de la Secretaría General de la Gobernación, Julián Goinhex, quien hoy ocupa la presidencia de Radio y Televisión Río Negro Sociedad del Estado.
Así lo informaron fuentes judiciales a Río Negro. Indicaron que Lista promovió a finales de junio pasado la acción penal tras analizar el expediente 1487-DAP, que concluyó con la resolución de la Secretaría General de la Gobernación que autorizó “la contratación directa con diferentes proveedores”.
Entre los argumentos de la resolución para justificar las contrataciones se destacó que se trataba de un “hecho histórico” para Río Negro ya que era “la primera oportunidad que un mandatario nacional” compartiría con “nuestro pueblo la celebración patria aludida”.
Las fuentes señalaron que la causa fue a parar en primera instancia en el Juzgado de Instrucción 6, a cargo de Marcos Burgos. Aunque en Tribunales indicaron que el expediente en realidad fue asignado al juez de Instrucción Martín Lozada.
Indicaron que es necesario investigar el procedimiento porque advirtieron que preliminarmente “no están dadas las condiciones de urgencia” como para justificar una contratación directa. Las fuentes recordaron que la Presidenta anunció en abril del 2012, cuando vino a inaugurar las obras en el aeropuerto de Bariloche, que el tedeum del 25 de mayo se realizaría en Bariloche. Advirtió que hubo por lo menos un mes y medio de anticipación.
Legisladores radicales denunciaron el caso en junio del año pasado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y, luego, presentaron la denuncia en la justicia penal, en Viedma. Pero la Unidad Fiscal, a cargo de Ricardo Falca, envió la documentación a esta ciudad donde sucedió el hecho denunciado.
Lista tenía desde octubre pasado el expediente. A finales de mayo pasado, Río Negro pudo constatar que la Provincia aún no había pagado a los proveedores.
La semana pasada el secretario general de la Gobernación, Hugo Lastra, sostuvo que el gobernador “me encomendó especialmente que le diera una solución al tema”. Dijo que el Fiscal de Estado aprobó el pago a “tres proveedores chicos” –acreedores de la provincia– cuyos expedientes de contratación no merecieron observaciones, aunque no pudo precisar los montos a pagar ni los beneficiados por la medida.
Se trataría de un hotel, la proveedora de baños químicos y la de banderas y escarapelas.