(NOTI-RIO) La Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en pleno debate de un proyecto clave enviado por el Poder Ejecutivo que busca reformar de raíz el Régimen de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, popularmente conocido como Ley de Zona Fría.
La iniciativa, impulsada con fuerza por el oficialismo de La Libertad Avanza, tiene un doble objetivo fiscal y estructural: por un lado, desmantelar la ampliación territorial que el peronismo y aliados aprobaron en 2021; por el otro, reconfigurar la manera en que se liquidan los descuentos dentro de las regiones históricamente beneficiadas, con la Patagonia en el centro de la escena.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, liderada por María del Carmen Tettamanti, el Estado busca generar un ahorro fiscal estimado entre $200.000 y $480.000 millones de pesos.
El argumento oficial se basa en que “los recursos económicos son escasos” y que es necesario que “la gente que pueda pagar la energía, la pague”, cuestionando que el esquema actual subsidie de forma universal a usuarios residenciales sin distinción de ingresos.
Sin embargo, detrás del discurso de la “focalización” en la vulnerabilidad socioeconómica, las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego observan con extrema preocupación la “letra chica” de la reforma, cuyos cambios amenazan con inflar de forma drástica las boletas de gas de cara al invierno.
La trampa detrás del beneficio patagónico: ¿Por qué aumentará el gas en el sur?
A diferencia de la provincia de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, donde el beneficio de Zona Fría dejará de existir de modo automático (quedando restringido únicamente a los hogares de bajos ingresos inscritos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados), la Patagonia mantendrá formalmente el estatus de subsidio geográfico. Junto a Malargüe (Mendoza) y la Puna, el sur integra el esquema “histórico” creado originalmente en 2002 por la Ley 25.565.
A pesar de esta aparente continuidad, diputados y especialistas de la región advierten sobre dos modificaciones contenidas en el proyecto de ley que licuarán el impacto real del beneficio en el bolsillo de más de 900.000 hogares patagónicos:
- El fin del descuento sobre el total de la factura: Hasta el día de hoy, bajo el marco de la Ley 27.637, el descuento del 50% (o 30% en algunos casos) se aplica sobre el monto final y total de la boleta de gas. El nuevo proyecto de ley cambia drásticamente la base imponible: la bonificación se calculará únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esto significa que los componentes de Transporte y Distribución quedarán completamente excluidos del beneficio, lo que automáticamente se traducirá en subas significativas en el precio final que abona el usuario residencial.
- Facultades delegadas y discrecionalidad: El diputado nacional neuquino Pablo Todero encendió las alarmas al señalar que el texto propuesto por el Ejecutivo ya no garantiza de forma rígida y por ley el porcentaje de descuento del 50%. La redacción del proyecto establece que el descuento será de “hasta el 50%”, dejando la potestad de fijar el número final a criterio discrecional de la autoridad de aplicación o del propio Poder Ejecutivo, abriendo la puerta a futuros recortes administrativos sin pasar por el Congreso.
El mapa del recorte nacional y las críticas de la oposición
El proyecto oficialista da marcha atrás con la ampliación del régimen votada en 2021, la cual incorporó a más de 3,3 millones de usuarios de zonas templadas-frías. En distritos del interior bonaerense (como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y el sudoeste de la provincia), Santa Fe, Córdoba, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja, millones de familias de clase media perderán el descuento lineal de manera inmediata.
Desde la oposición y diversos institutos técnicos cruzaron duro la iniciativa oficial. Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado y uno de los autores de la ampliación de 2021, salió al cruce de los argumentos de Tettamanti al afirmar que “los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares” en lugares donde el consumo anual de gas por vivienda llega a ser un 94% superior al de las regiones templadas del país.
Asimismo, sectores del peronismo y del radicalismo bonaerense cuestionaron el deterioro de las cuentas del Fondo Fiduciario que financia el sistema, el cual pasó de tener superávit a registrar déficit bajo la actual administración, a pesar del fuerte aumento del recargo que pagan los propios usuarios en sus facturas para sostenerlo.
Condonación de deudas y salvataje a empresas energéticas
Otra de las aristas más polémicas del proyecto bajo la lupa parlamentaria, tal como anticiparon crónicas especializadas de Letra P, es el artículo que contempla la condonación de millonarias deudas que las distribuidoras eléctricas de todo el país, así como compañías provinciales y municipales, mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Durante su exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, la secretaria de Energía justificó la medida argumentando el congelamiento tarifario previo. “Las deudas fueron generadas por las tarifas congeladas. Con este plan, logramos evitar juicios al Estado por incumplimiento del contrato, que las empresas podrían hacer”, argumentó la funcionaria para defender el perdón fiscal a las corporaciones, un contraste que la oposición califica de “asimétrico” frente al severo ajuste tarifario que recae sobre los usuarios de a pie.
Un invierno complejo en el sur
Con temperaturas invernales severas a la vuelta de la esquina y consumos residenciales que quintuplican la media nacional debido a necesidades vitales de calefacción, la Patagonia enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad económica. Aunque los representantes del oficialismo confían en alcanzar los votos necesarios para obtener la media sanción de la ley en Diputados basándose en criterios de eficiencia fiscal, en las provincias del sur el descontento social y el rechazo político trasciende las fronteras partidarias. La discusión dejó de ser meramente técnica para convertirse en una encrucijada sobre el costo de vida en una de las regiones geográficamente más hostiles del país.
Diputados patagónicos rechazan cambios en la Zona Fría
Diputados nacionales de las provincias patagónicas expresaron su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Mieli que busca modificar el régimen de Zona Fría para el subsidio energético, iniciativa que se trataría hoy en la Cámara de Diputados y que, de aprobarse, afectaría directamente a miles de familias del sur argentino.
Los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski (Chubut), Andrea Freites (Tierra del Fuego), Moira Lanesan, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina (Santa Cruz), Adriana Serquis y Marcelo Mango (Río Negro), y Pablo Todero (Neuquén), unificaron su mensaje bajo una misma consigna: “Para los patagónicos, lo que es de la Patagonia”, rechazando cualquier modificación de la zona fría.
Lo hicieron mediante un video en el que advierten que “el Gobierno nacional quiere cambiar la forma en la que impacta la zona fría en la factura de nuestro consumo de gas y electricidad”, y cuestionan el avance de medidas que, aseguran, profundizan las desigualdades entre el centro y el sur del país.
La administración Milei impulsa un proyecto que se tratará este miércoles en el Congreso de la Nación: una reforma energética que modifica el impacto en la zona fría, focalizando el subsidios solo en algunos usuarios. Con ello recortarían el beneficio del 50 % en la tarifa de gas a millones de usuarios en todo el país, limitando la ayuda exclusivamente a hogares vulnerables y regiones históricas, pero también estableciendo en el territorio topes de consumo.
“Hace más de 100 años que nuestras provincias le dan energía al país para su crecimiento. A cambio, este gobierno insiste en restringir nuestros derechos adquiridos. No estamos dispuestos a seguir siendo solo zona de sacrificio”, expresan.
Asimismo, remarcan que “con el discurso del equilibrio fiscal y que ‘hay que pagar las cosas lo que valen’, desde 2023 se dolarizaron las tarifas y se avanzó en una quita brutal de subsidios que impactan en la economía de nuestras ciudades”.
Plantean que el nuevo esquema que busca implementar el gobierno implicaría que “miles de nuestros vecinos van a pagar la tarifa plena y quienes puedan aplicar al subsidio van a contar con un tope mensual”, situación que consideran incompatible con la realidad climática de la región.
“La zona fría existe porque vivir en la Patagonia cuesta más. Defenderla es defender el derecho a habitar la Patagonia. Cuidar la soberanía y el territorio que otros se quieren adueñar”, sostienen en otro de los tramos del mensaje.
Los legisladores también enfatizan que las condiciones de vida en el sur requieren políticas diferenciadas. “Solo un patagónico entiende que con un tope de consumo no hay invierno que se soporte. Y nuestros inviernos son muy largos”, afirman.
En ese sentido, remarcan que “en la Patagonia la calefacción no es un lujo. Es una necesidad básica. Es parte de la vida cotidiana. Nadie puede pasar un invierno en el sur pensando si enciende o no la calefacción”.
Finalmente, reivindican el sentido histórico y social del régimen de zona fría: “La zona fría no es un privilegio. Es un derecho ganado gracias al esfuerzo que hicieron nuestros pioneros, migrantes, nuestros padres y madres por llegar a una tierra en la que construimos ciudades, fábricas y trabajo. En la que desarrollamos cultura e identidad”.
El video concluye con una definición que sintetiza el posicionamiento común de todos los representantes patagónicos: “Para los patagónicos, lo que es de la Patagonia”.
