Luego de más de siete jornadas orales y públicas, concluyó en Viedma el juicio realizado contra los exintendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, y cuatro exfuncionarios de sus respectivas gestiones municipales en el marco del programa federal de construcción de viviendas denominado Techo Digno. El veredicto se conocerá el próximo 10 de junio.
Hoy se realizaron los alegatos de clausura, en los que la Fiscalía pidió que se declare la responsabilidad penal de tres de las personas imputadas por haber sido coautoras del hecho vinculado a la sobrecertificación de avances de obra que habilitaron el pago a la empresa contratista. Asimismo, desistió de la acusación respecto de esos tres y de los otros tres imputados vinculados con el hecho relacionado con obras de infraestructura y movimientos de suelo aprobadas mediante la firma de un segundo acuerdo.
El debate comenzó el 18 de mayo pasado. En la acusación, el Ministerio Público sostuvo, en primer término, que el exintendente Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y Ernesto Noel —secretarios de Gobierno y de Obras, respectivamente— certificaron un avance de obra cercano al 71 %, cuando distintas pericias técnicas determinaron que el progreso real alcanzaba el 42,21 %.
Esas certificaciones permitieron concretar pagos por trabajos que no habían sido ejecutados, generando un perjuicio patrimonial para las arcas municipales estimado en 793.480.666,03 pesos, actualizado a marzo de 2025, y un beneficio económico indebido para la empresa contratista.
Durante su alegato de cierre, la Fiscalía afirmó haber acreditado esa acusación. Explicó que el programa habitacional tuvo origen en un primer convenio suscripto en diciembre de 2014 entre el municipio y Nación para la construcción de 40 viviendas bajo la modalidad llave en mano, acuerdo por el cual se transfirieron 18 millones de pesos.
Sostuvo que la maniobra consistió en la confección y utilización de certificados de avance de obra que no reflejaban el estado real de ejecución del proyecto. “Se falsearon certificados de avance de obra para pagarle a la empresa por trabajos que no se habían realizado”, enfatizó describiendo items que se certificaron como realizados (cielorasos, carpetas, pisos y revoques) que “no existieron ni remotamente”.
Recordó que cinco especialistas coincidieron en señalar que las viviendas presentaban un avance inferior al porcentaje consignado en la documentación oficial y remarcó que la defraudación se consumó al concretarse pagos sustentados en certificaciones que no se correspondían con la realidad de la obra.
“La secuencia integrada por certificación, facturación, resolución administrativa y pago quedó demostrada mediante prueba documental, pericial y testimonial producida en el debate”.
Asimismo, señaló que distintos testimonios dieron cuenta de irregularidades en la confección de las certificaciones y recordó, con extrañeza, que, tal como indicó el contador del Ministerio Público al momento de brindar testimonio, algunos de los porcentajes certificados coincidían exactamente con los montos transferidos. También destacó la pericia caligráfica que permitió certificar la autenticidad de las firmas incorporadas en la documentación y atribuirlas a las personas acusadas.
Destacó que los peritos coincidieron en que existió sobrecertificación y que incluso Iribarren lo reconoció en su declaración final realizada hoy al afirmar que, cuando él llegó, las casas eran “cáscaras”. También lo señalaron los integrantes del órgano de contralor que concurrieron al lugar, quienes manifestaron que las viviendas estaban sobrecertificadas.
Respecto del segundo hecho investigado, relacionado con un convenio posterior para obras de infraestructura que incluía movimientos de suelo, la Fiscalía explicó que la prueba producida durante el debate permitió concluir que los trabajos certificados efectivamente se encontraban ejecutados en el marco del segundo acuerdo firmado por Tamburrini y que permanecía vigente cuando asumió Iribarren.
Sostuvo que esta última gestión municipal detectó inconsistencias, ordenó revisar la documentación administrativa, rescindió el contrato y realizó la denuncia penal, circunstancias que descartaron la existencia de una actuación concertada para perjudicar a la administración pública municipal. EN ese marco desestimó la acusación inicial planteada contra Iribarren, Claudia Alvariño (Gobierno) y Miguel Ángel Mesa (Obras).
Los hechos fueron encuadrados como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso.
¿Qué dijeron las defensas?
A su turno, cada uno de los defensores argumentó criticando la acusación y abogando por la no responsabilidad de sus asistidos. Todos coincidieron en cuestionar las plantillas utilizadas por los peritos y en desestimar aseveraciones de los testigos de la Fiscalía.
El defensor oficial que representó al exsecretario de Gobierno de Sierra Grande, acusado por haber suscripto el certificado que dio inicio al programa durante la gestión correspondiente, se refirió a la preparación previa que requiere una obra pública y sostuvo que el cambio de emplazamiento del barrio implicó una modificación en la planificación de la empresa.
Sostuvo que se le atribuyó a su defendido una función que jamás cumplió y que el Ministerio Público no logró probar, afirmando que “no tenía la función de certificar nada”. En ese sentido, mencionó los testimonios de funcionarios con extensa trayectoria en la Secretaría de Hacienda, quienes describieron una intervención nula de su asistido en esos aspectos.
Al repasar el organigrama municipal vigente en aquel momento, señaló que su defendido “no tenía jerarquía superior respecto del resto de los secretarios” y remarcó finalmente que “no se acreditó el dolo de defraudar”. “La falsedad que se le imputa se cae porque él actuó dentro de sus funciones y no contaba con capacidad técnica para intervenir en esos actos”, sostuvo, por lo que solicitó su absolución.
Finalmente, los abogados de las personas cuya acusación fue hoy desestimada sostuvieron que el único ítem cuestionado en relación con sus asistidos era el referido al movimiento de suelo y que se probó que esos trabajos habían sido realizados, lo que descarta la falsedad atribuida. Indicaron además que el entonces intendente Iribarren ordenó la inspección y evaluación de las obras, desplazó al contratista y denunció penalmente los hechos.
Los abogados de ambos exmandatarios también hicieron hincapié en el contexto que rodeaba a sus gestiones, caracterizado por una situación de crisis y conflicto.
