La sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por los abogados de los imputados que pedían la anulación de la ratificación de los procesamientos de todos los exfuncionarios.
Además, la Cámara integrada por los Dres. Jorge Bustamante, Pablo Estrabou, y Francisco Cerdera, ordenaron devolver la causa al juzgado de origen, a cargo del Dr. Carlos Reussi.De esta manera, los abogados Oscar Raúl Pandolfi y Miguel Cardella, abogados defensores de los imputados que presentaron el recurso de casación, Cesar Barbeito, Francisco Javier González, Juan Acatino, Diego Larregui, Omar Contreras, Gustavo Picchi, Aníbal Hernández, y el doctor Juan Carlos Chirinos, en su carácter de defensor de Alfredo Pega y Cristina Uría, tienen poca posibilidad jurídica de poder evitar que los imputados lleguen a juicio por esta causa.
La resolución se conoció este viernes y fue el día anterior, con el voto principal del juez Jorge Bustamante.
Ordenando la Cámara el envío al juzgado de origen, el juez que llevó adelante la investigación, el Dr. Carlos Reussi que investigó los hechos, deberá realizar la elevación a juicio, para que una Cámara estudie la causa y le ponga fecha de juicio, a no ser que los abogados de los imputados, presenten alguna otra medida judicial para estirar los plazos.
El pasado 4 de mayo la Cámara ratificó los procesamientos de 12 exfuncionarios rionegrinos por el pago de sobresueldos.
Entre ellos están los exministros César Barbeito, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Alfredo Pega; así como el exsecretario General de la Gobernación Francisco González, Daniel Bossero, Gustavo Pichi, José Ongaro, Sergio Pendas y Aníbal Hernández.
Barbeito y González están imputados por el delito de “peculado”; los contadores Bossero y Pichi por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber controlado, y a los restantes se les atribuye participación necesaria en “peculado”.
Los camaristas penales Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera coincidieron con los fundamentos del juez Carlos Reussi, quien dictó los procesamientos el 2 de mayo de 2012.
El Tribunal sostuvo que las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques cobrados. No obstante consideró controvertida la legalidad del sistema y consecuentemente la adecuación de las conductas de los imputados en los tipos legales que se les atribuyeron.